La vida de un pueblo puede cambiar, literalmente, de la noche a la mañana. Altsasu, un municipio navarro de 7.500 habitantes, saltó irremediablemente a la fama en octubre de 2016, cuando una reyerta fuera de un bar a las cinco de la mañana saltó a los titulares de los medios y se convirtió en “terrorismo”. Este caso, en el que se vieron involucrados dos guardias civiles sin uniforme, dejó como saldo ocho jóvenes condenados a penas de entre año y medio y nueve años y medio de prisión.

Altsasu es desde entonces sinónimo de muchas cosas. De acusaciones y teorías variadas. De actos de “desagravio”, como el impulsado en noviembre de 2018 por Albert Rivera junto a PP y Vox. También de movilizaciones multitudinarias, como la vivida el pasado sábado frente al Palacio de Justicia de Pamplona.

Hay cifras elocuentes. A lo largo de estos tres años, ha habido cerca de 300 movilizaciones en solidaridad con los detenidos –y luego condenados– por el caso Altsasu. Sus dimensiones han sido distintas: desde las concentraciones semanales en ese municipio hasta las cuatro manifestaciones masivas realizadas hasta ahora (dos en Pamplona y otras dos en Altsasu).

“La verdad que siempre tienes algo de miedo, pero la gente no falla”, dice Edurne Goikoetxea, una de las portavoces habituales del grupo de madres y padres de Altsasu. “Mientras la gente no se canse –subraya–, nosotros seguiremos”.

Goikoetxea es precisamente una de las madres que ha recorrido distintas localidades del Estado español para denunciar este caso. Catalunya, Valencia, Galicia, Asturias, Aragón o Madrid son algunos de los territorios visitados. El listado, reconoce esta madre, es inmenso.

En efecto, el caso Altsasu ha superado esquemas geográficos y políticos. “En un escenario con ETA desaparecida, un caso como este nos remite a los años más oscuros de la represión por parte del Estado contra sectores de la juventud“, afirma a Público el sociólogo navarro Ricardo Feliú, quien apunta además hacia los apoyos trasversales que ha despertado este asunto. Destaca en tal sentido los posicionamientos adoptados por fuerzas políticas ajenas por completo al ámbito abertzale, como Podemos e Izquierda Unida.

“En distintos ámbitos no se niegan los hechos, sino la interpretación de los mismos“, añade Feliú, quien destaca que “una agresión a la Guardia Civil en Segovia, por decir un lugar, no tiene la misma condena que en Altsasu“.

"Compromiso firme"

“El sábado en Pamplona hemos vuelto a ver que el compromiso de la gente sigue siendo firme“, añade por su parte Aritz Leoz, portavoz de la plataforma Altasukoak Aske (Los de Altsasu, Libres). “Damos mil gracias por lo de este sábado y por todo lo de estos últimos tres años. Mientras nuestros amigos sigan en la cárcel y la injusticia continúe, vamos a seguir“, añadió.

"Con nuestro recorrido no solo demostramos que apostamos por la convivencia, sino también por la verdad y la justicia“. Todo eso es esencial para la defensa de los derechos y libertades“, añade. 

Punto de inflexión

En tal sentido, Edurne Goikoetxea tiene muy presente la segunda manifestación masiva que se realizó en Altsasu. En aquella movilización, realizada el 24 de marzo de 2019, participaron 60 mil personas según cifras de los organizadores. “Nos dimos cuenta que movíamos gente de un estado entero”, recuerda Goikoetxea.

Tras la resaca del acto vivido el sábado en Pamplona, las madres y padres de Altsasu –arropadas por la plataforma Altsasukoak Aske– se preparan ahora para un noviembre que también estará marcado por distintas actividades que se desarrollarán en esa localidad navarra.

A las puertas de que se cumplan tres años de las primeras detenciones realizadas por la Guardia Civil contra los acusados –tres de ellos llevan desde entonces en la cárcel–, habrá un concierto con distintos grupos, previsto para el día 2, mientras que el 8 de noviembre tendrá lugar una mesa redonda con diferentes periodistas.