SAN LORENZO DE EL ESCORIAL/MADRID.- Koldo Casla, investigador del Informe de Amnistía Internacional, Derechos desalojados, ha afirmado que España está eludiendo los tratados internacionales “que tiene la obligación de respetar porque la Constitución lo exige” en materia de derechos humanos y asegura que está vulnerando el derecho a la vivienda.

Amnistía Internacional denuncia que existe “una desinformación y una falta de evaluación” de los datos de desalojos hipotecarios y ejecuciones hipotecarias, así como de los impactos de las políticas públicas. “Tiene que conocerse la dimensión del problema para diseñas políticas públicas basadas en los estándares internacionales de DDHH”.

La organización señala que el Gobierno está llevando a cabo medidas regresivas en el ámbito de la vivienda. En relación a los gastos, Casla indica que “han recortado un 50% en el gasto público de vivienda desde 2008 y el parque social de vivienda supone un gasto del 1%”, mientras que, en referencia a otras medidas, la organización ha destacado que España tiene según los datos del INE de 2011, 3.340.000 viviendas vacías. “En torno al 30% de las viviendas vacías de Europa están en España”, asevera.

Koldo Casla ha dicho que estos recursos y herramientas podrían ser aprovechados por los poderes públicos porque “los derechos humanos no deben ser un lujo que nos permitamos sólo en épocas de bonanza económica”.

Desde Amnistía Internacional, piden que se apliquen fundamentalmente tres medidas. “Primero, un análisis caso por caso de los desalojos y ejecuciones hipotecarias para saber a quién afecta; segundo, un mecanismo de observación entre las negociaciones banco-propietario; y por último, que se aplique el derecho internacional y se tomen las medidas necesarias”.

Escocia, Reino Unido y Francia, los ejemplos a seguir de España

En España “nunca ha existido el derecho a la vivienda”, señala el jurista Juli Ponce. Sin embargo, Francia, Reino Unido y Escocia son los ejemplos a seguir de este país. “Los ciudadanos franceses, ingleses y escoceses pueden solicitar a la autoridad pública una vivienda”, cuenta Ponce. “Si se lo deniegan, pueden ir al juzgado”, añade.

La leyenda de que el derecho a la vivienda es muy caro es eso, una leyenda. Ponce ha indicado que otros muchos derechos humanos “son más caros, como las elecciones, pero se consideran fundamentales”. Sostiene que España necesita “modificaciones normativas porque tenemos deficiencias legislativas”.

Casla ha respaldado las palabras de Ponce y ha manifestado que “no siempre se necesita dinero público para garantizar el derecho a la vivienda”. De nuevo, poniendo a Francia y Alemania como ejemplo, ha dicho que ambos países cuentan con órganos administrativos para asegurar que “el desalojo no sucederá o es el último paso”.

Al hilo de estas declaraciones ha mencionado las propuestas de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, que plantean crear una oficina de intermediación. Desde AI esperan que sea un “mecanismo de obligado cumplimiento”.

El caso de Ainhoa Lafuente, la voz de los afectados por la vivienda

Tal y como ha afirmado Juli Ponce, jurista y ponente de una mesa redonda impartida en el curso de verano de la Universidad Complutense, ¿Han fracasado los derechos humanos?, “España está viviendo un drama social”.

Ponce, a pesar de que afirma que “la Constitución en muchas ocasiones es sagrada pero en otras no”, se ha mostrado esperanzador diciendo que “es posible mejorar la situación de las personas si tenemos las herramientas y recursos necesarios”.

Sin embargo, hay personas, como es el caso de Ainhoa Lafuente que no dispone de los suficientes recursos para darle a su hija pequeña de tres años una vida plena. “Mi hija tiene el mismo derecho que el hijo de un banquero o un político. Sin mis padres, no tendría ni derecho a la vivienda ni a la alimentación”, cuenta con voz desgarrada.

“Estamos atados de pies y manos porque no encontramos ayuda. Y yo no soy un caso extraordinario”, relata Ainhoa, mientras que emocionada prosigue diciendo que su lucha le ha supuesto un ictus a su padre y que su madre sufre ahora cáncer de mama.

Lafuente, que explica que desde Catalunya se ha llevado a cabo la ILP, Iniciativa Legislativa Popular, desvela que sólo en esta comunidad autónoma se han aplicado “18.163 recortes de suministros como el gas y agua, y 1.783 desahucios” desde que se inició el Contador de la Vergüenza cuando se dio luz al proyecto ILP.

Esta activista de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) ha indicado que las viviendas vacías “podrían ser utilizadas pero se están vendiendo al extranjero, a complejos hoteleros”. Lafuente ha puesto como ejemplo el conocido barrio de La Barceloneta en Barcelona, donde muchas viviendas están siendo alquiladas como habitaciones de hotel y cómo los vecinos acaban cediendo porque “ahí no se puede vivir, entre alcohol y las pintadas, los gritos y la música”.

Lafuente, emocionada tras contar más de una historia que encoge el corazón, ha concluido diciendo que “el rico ceda un poco para que el pobre pueda alimentarse”.