El envío de armas españolas a países que reprimen las protestas ciudadanas vuelve a estar sobre la mesa. Amnistía Internacional ha dirigido el foco hacia Ecuador, donde el Gobierno del derechista Guillermo Lasso se ha visto involucrado en una oleada represiva contra manifestantes. Por tales motivos, la organización de derechos humanos ha pedido al Ejecutivo español que frene los negocios armamentísticos con Quito hasta que se aclare lo ocurrido.

Ecuador es uno de los clientes latinoamericanos de la industria militar española. Según datos oficiales, entre 2016 y 2021 el Gobierno español autorizó exportaciones de material de Defensa a ese país por un importe de 148 millones de euros. Se trató principalmente de partes, piezas y repuestos para aviones de transporte y repuestos para radares de vigilancia aérea.

En una carta remitida a la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), AI reclama que se informe si en el primer semestre de 2022 "ha habido alguna autorización o se ha realizado alguna exportación de las autorizaciones de material de defensa y, específicamente, de material antidisturbios" a Ecuador.

Del mismo modo, reclama al Gobierno que "suspenda las autorizaciones de material potencialmente letal, incluidas las de material policial y de seguridad para su revisión exhaustiva, así como la expedición de todo tipo de material letal de las autorizaciones concedidas que la policía y el ejército de Ecuador podrían utilizar para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos".

La petición tiene lugar tras los graves sucesos de las últimas semanas en las calles de Quito. Las protestas indígenas para pedir reformas sociales y económicas fueron respondidas con perdigones y gas lacrimógeno por parte de la Policía, lo que dejó un saldo de al menos cinco muertos. 

En la carta remitida a la JIMMDU, AI denuncia que la represión del gobierno del presidente Guillermo Lasso contra manifestantes "está causando una crisis de derechos humanos con múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos".

Destaca además que desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la "detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos", entre los que figuran el "uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil".

La represión policial ha estado acompañada por el estado de excepción decretado por Lasso en una serie de provincias. Asimismo, "el gobierno de Ecuador también ha emitido declaraciones que estigmatizan a quienes se manifiestan y los amenaza con el enjuiciamiento", apunta AI.

Amnistía recuerda que durante la represión de las protestas registradas en ese país en octubre de 2019 –con Lenín Moreno al frente del Ejecutivo–, organizaciones de derechos humanos en Ecuador y AI "documentaron violaciones de derechos humanos similares que aún permanecen en la impunidad".

"Investigación exhaustiva"

Por tales motivos, reclama al Gobierno español que paralice los negocios armamentísticos con ese país hasta que "la Fiscal General lleve a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre todas las muertes y denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la represión de las protestas".

Pide además que se "identifique a los sospechosos de responsabilidad penal, incluyendo a la cadena de mando, y de existir pruebas suficientes y admisibles, llevarlos ante la justicia en procesos justos y ante tribunales ordinarios" y subraya que las autoridades correspondientes "deben adecuadamente regular y rendir cuentas sobre el uso de la fuerza en general y, en particular, el uso de 'armas menos letales', como lanzagranadas de gas lacrimógeno".