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Amnistía Internacional pide al Gobierno que no permita que un nuevo "barco de la muerte" saudí cargue armas en Sagunto

El Bahri Jeddah, uno de los buques empleados por el régimen para el transporte de material armamentístico, tiene previsto atracar en el puerto valenciano el próximo viernes a primera hora de la mañana. La organización de derechos humanos destaca que podría volver a vulnerarse el Tratado de Comercio de Armas suscrito por España.

Barco de la naviera Bahri
Uno de los barcos de la naviera saudí Bahri en una imagen de archivo. REUTERS

La costa española ya está más cerca. El barco Bahri Jeddah, uno de los componentes de la flota de la naviera pública saudí dedicada al transporte de armamento, se dirige hacia el puerto de Sagunto, donde prevé llegar el próximo viernes a las 6.00 de la mañana. El Gobierno tiene en sus manos una carta que advierte sobre esta visita y en la que se remarca, entre otros asuntos, que el objetivo de la escala en la terminal marítima valenciana podría acarrear una vulneración al Tratado de Comercio de Armas firmado por España.

La autoría de la misiva corresponde a Amnistía Internacional (AI). Este organismo de derechos humanos vuelve a poner así en marcha el protocolo activado en casos de visitas anteriores, sobre las cuales no logró conseguir ni la más mínima explicación por parte del Ejecutivo. No en vano, el pujante comercio de armas con el régimen saudí, uno de los principales responsables de los bombardeos contra la población civil en Yemen, está permanentemente marcado por el secretismo oficial, amparado en un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del Gobierno de Felipe González en 1987.

En ese contexto, Amnistía Internacional (AI) ha escrito una carta al Gobierno español para expresarle "su profunda preocupación" por la posibilidad de que el Bahri-Jeddah "pueda cargar armas en el puerto de Sagunto" para que sean utilizadas en el conflicto de Yemen. Desde que empezaron los ataques en ese país en marzo de 2015, al menos 30 barcos de la muerte saudíes han hecho escalas en puertos españoles para cargar material. 

La misiva ha sido dirigida al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y a la Secretaría General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso del Ministerio de Comercio y Turismo, así como la Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana, Gloria Calero. Igualmente, AI "ha informado de su contenido al Congreso", señaló a Público Alberto Estévez, portavoz sobre comercio de armas en esa organización de derechos humanos.  

En su carta, AI ha pedido al Gobierno que aclare "si está previsto que el barco saudí cargue material de defensa u otro material en Sagunto". "Si es así, queremos saber el destinatario y el uso de esas armas", explicó su representante.

Del mismo modo, ha solicitado al Ejecutivo que "no autorice el tránsito de este barco ni la eventual carga de armas en Sagunto debido al riesgo sustancial de que se utilicen para cometer o facilitar la comisión de crímenes de derecho internacional en Yemen por parte de Arabia Saudí".

Amnistía se aferra para ello al Tratado sobre Comercio de Armas ratificado por España, que "prohíbe el tránsito de armas cuando podrían utilizarse para, entre otras infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra".

La organización internacional también ha llamado al Gobierno a suspender el suministro de armas a la coalición militar encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos "mientras siga habiendo un riesgo sustancial de que podrían emplearse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional en Yemen o podrían ser objeto de desvío a grupos armados en Yemen o Libia". Los Gobiernos de EEUU e Italia han adoptado recientemente medidas de ese tipo.

La carta alude también al informe anual 2020/2021 de AI, en el que se destaca que "las partes en el conflicto de Yemen siguieron cometiendo con impunidad violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra los derechos humanos". 

Más de 65.000 bombardeos

En seis años de conflicto, la coalición encabezada por Arabia Saudí y Emiratos ha llevado a cabo hasta 65.982 ataques aéreos individuales. "8.759 civiles han muerto en la guerra aérea y otros 9.815 civiles han resultado heridos. Eso supone una media diaria de al menos 10 ataques aéreos, con una media de hasta 30 ataques aéreos individuales al día durante los seis años", señala el documento elaborado por AI.

Destaca precisamente que "los ataques aéreos de la coalición internacional afectaron a barrios residenciales, pueblos, mercados, puentes, escuelas e instalaciones comerciales y de servicios". Según los indicios de distintos casos documentados por AI, Human Rights Watch (HRW), Naciones Unidas y ONG yemeníes, "se han cometido decenas de presuntos crímenes de guerra en ataques aéreos a hospitales, mercados, escuelas, mezquitas o funerales, entre otros objetivos ilegítimos".

La carta de Amnistía también menciona que, entre junio y agosto de 2020, la coalición internacional llevó a cabo múltiples ataques aéreos en el norte de Yemen que causaron la muerte de al menos 49 civiles, entre ellos seis menores de edad. "Esto llevó al Grupo de Expertos sobre el Yemen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a señalar que el elevado número de víctimas civiles planteaba interrogantes acerca de la proporcionalidad de los ataques y de si la coalición dirigida por Arabia Saudí había tomado todas las medidas necesarias para proteger a la población civil y reducir al mínimo el número de víctimas", precisa Estévez.

Con estos datos sobre la mesa, el último informe del Grupos de Expertos sobre Yemen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide a los Estados prohibir la autorización de transferencias de armamento que podría utilizarse en el conflicto. Asimismo, el pasado 11 de febrero el Parlamento Europeo aprobó una nueva resolución que pedía el fin de estas ventas por parte de los Estados Miembros de la UE.

   

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