Público
Público

análisis Moreno, Marín y la Memoria Histórica: por sus obras los conoceréis

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos se compromete a aplicar la Ley de Memoria mientras busca la manera de cambiarla

Publicidad
Media: 3.20
Votos: 5

Trabajos de exhumación en Fuentes de Andalucía.

Miles de personas siguen en Andalucía y en España, más de 80 años después, sin saber dónde están los cuerpos de sus padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías. Durante la dictadura franquista, la memoria de los crímenes fue enterrada y solo ahora, después de 40 años de vigencia de la Constitución de 1978, emerge la voz de las víctimas

“¿Cómo saben ustedes que ahí está mi padre?”, le preguntó a finales de enero Horacio Hermoso, hijo del último alcalde republicano de Sevilla, fusilado en septiembre de 1936, a la edil socialista Adela Castaño. La mera posibilidad de que se produzca una pregunta como esa, respondida con empatía por la concejal, habla a las claras de la dejadez del Estado, que no ha abordado con rigor y seriedad estos asuntos. El consistorio sevillano se dispone ahora, 82 años después, a exhumar la fosa de Pico Reja, en la que el historiador José Díaz Arriaza ha documentado más de mil cadáveres de personas represaliadas por los golpistas.

Este, el de la memoria histórica, es un asunto que apela a la pura esencia y a la dignidad de la democracia y está bien vivo aún, a pesar de los esfuerzos de tanta gente durante tanto tiempo por enterrarlo hondo, porque vivos están los hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas de los asesinados. Para conocer algunas de las causas de una iniquidad de tal calibre es recomendable acudir, entre otros, al trabajo del historiador Francisco Espinosa titulado La justicia de Queipo, editado por Crítica.

Cambiar la ley

Mariano Rajoy no derogó la Ley de Memoria Histórica que elaboró el gabinete de su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero, la que inició –muy por detrás, a remolque de las reivindicaciones de las familias– un tortuoso y aún hoy inacabado camino hacia la justicia y el reconocimiento de las víctimas de la represión y de la dictadura. Rajoy pudo hacerlo con facilidad, porque el PP, su partido, gozó de cuatro años de plácida mayoría absoluta, pero prefirió desactivarla por la vía de los hechos: redujo su presupuesto a cero.

Ahora en Andalucía, una tierra maltratada por la dictadura, en la que decenas de miles de personas fueron asesinadas en las fechas posteriores al golpe del 18 de julio de 1936 que, a la postre, terminó con la II República, acaba de llegar al poder un Gobierno inédito, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, a la que apoya una fuerza de nuevo cuño, Vox, un partido de ultraderecha que se reivindica sin complejos como la voz de “quienes tuvieron padres en el bando nacional”.

Entre los tres partidos tienen, al igual que tuvo Rajoy, la capacidad de derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada la legislatura pasada sin votos en contra. Así, de hecho, lo han pactado dos de esas tres fuerzas, PP y Vox. Y este martes, en cumplimiento de ese acuerdo, el Gobierno llamó a la izquierda a consensuar un nuevo texto.

La miga dialéctica

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), anunció que las competencias que hasta ahora estaban en la Dirección General de Memoria Democrática pasarían a depender de un comisionado para la Concordia, a las órdenes de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP). Esto supone una rebaja en el escalafón, porque en la anterior administración, la que presidía Susana Díaz, las competencias estaban en Presidencia.

El asunto dialéctico tiene su miga, porque este, concordia, es el término que han elegido PP y Vox para denominar a la ley que ambos partidos han acordado promover -por escrito en el pacto para la investidura de Moreno- para “que sustituya” a la de memoria histórica. Y porque en el artículo 2 de la vigente Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía dice que “esta ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia y reparación, y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres”.

Así que la palabra concordia ya está recogida en la propia norma, vinculada a los principios de verdad, justicia y reparación, no en solitario. Es decir, no puede existir concordia sin que se reconozcan los crímenes cometidos y se reparen en la medida de las posibilidades y en los términos recogidos en la norma. Cambiar esta configuración, saltarse los pasos, supondría todo un ataque a los pilares de la ley y un nuevo retroceso en una cuestión por la que España ha recibido severos toques de atención de Naciones Unidas.

Tres caminos 

La prueba del algodón llegará inexorable para el Gobierno andaluz. Y se sabrá de la sensibilidad real que tienen el presidente, Juanma Moreno (PP), y el vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), por las víctimas del franquismo. Tres caminos se le abren por delante al Ejecutivo: por un lado, pueden optar por hacer como Rajoy e inutilizar la ley; por otro, pueden colaborar con los ayuntamientos que quieren dar reparación a sus vecinos y seguir así a la inversa los pasos de Francisco de la Torre (PP), el alcalde de Málaga, quien, sin aspavientos ni grandes discursos, financió entre 2006 y 2009 junto con las administraciones socialistas en Sevilla y Madrid la exhumación de casi 3.000 cadáveres en la mayor fosa rescatada del olvido hasta ahora en España, la de San Rafael; y, por último, pueden explorar el camino que les ofrece Vox. Al final del cual, según las asociaciones de memoria, que nada esperan en realidad de este gobierno, solo hay incomprensión, intolerancia y una falta absoluta de empatía con las decenas de miles de personas asesinadas, por decirlo en términos amables.

Si se atiende al tenor literal de las palabras de Bendodo en la rueda de prensa de este martes, que estuvieron muy medidas, y se le añaden las reflexiones expresadas por el presidente Moreno -“la ley de memoria nos divide”, dijo hace unos días- no queda claro cuál de los caminos elegirá el Ejecutivo. Aplicar la Ley “a rajatabla”, expresión utilizada por Bendodo, implica exhumar, implica verdad, justicia y reparación, implica olvidarse de la equidistancia -o algo peor- entre víctimas y verdugos.

Hay, por tanto, que esperar. El presidente no tiene prisa y la consejera Del Pozo, según las fuentes consultadas por Público, considera este asunto “un marrón” y se ha puesto a estudiar para controlarlo. Para los próximos meses, para ejecutar “a rajatabla” la ley, al nuevo Gobierno le bastaría con dar salida a los trabajos que dejó encauzados el exdirector general de Memoria Democrática, el socialista Javier Giráldez.

Perfil y presupuestos

Pero luego, le tocará tomar decisiones. Sobre todo, tres de ellas marcarán el camino. Primero Moreno, Marín y Del Pozo tienen que decidir quién ocupa el puesto de comisionado. Su perfil y sus ganas de hacer las cosas en una u otra dirección marcarán la línea.

Segundo, están los presupuestos, la hora de la verdad. Ahora, el Gobierno trabaja con las cuentas prorrogadas que pactaron PSOE y Ciudadanos para el año pasado. En ellas hay una partida de 1,7 millones de euros prevista para estas políticas. ¿Le meterán Moreno y Marín más o menos dinero? ¿Harán como Rajoy y pondrán el contador a cero para desactivar por la vía de los hechos la ley?

Y tercero, Bendodo dijo que había normas que no bastaba con una mayoría para su aprobación, sino que requerían del acuerdo de todos. ¿Cambiará el PP una ley aprobada sin votos en contra por otra pactada con Vox, los portavoces de quienes tuvieron “padres en el bando nacional”, o buscará de verdad el consenso con los partidos de izquierda?

¿Aceptará Ciudadanos tocar la ley de Memoria con Vox? Marín, de hecho, no lo descartó en una entrevista con Público. “Ciudadanos no va a plantear un proyecto de Ley de Concordia. Es un acuerdo de PP y de Vox. Y Vox tendrá que recabar los apoyos, si quiere sacar adelante una ley, igual que Moreno. […] Cuando ese texto lo propongan, supongo que será una proposición de ley de dos grupos parlamentarios, supongo, conoceremos el texto. Entonces actuaremos igual que hemos hecho siempre. Analizamos, si vemos que no es asumible, votaremos en contra, si podemos hacer enmiendas, y esa ley se puede cambiar, votaremos a favor. No nos podemos pronunciar a favor de un texto que ni siquiera conocemos”, dijo.

Por sus obras los conoceréis.

Más noticias en Política y Sociedad