El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acaba de actualizar sus estadísticas sobre atención a personas dependientes en España, señalando a Andalucía como la región con mayor número de beneficiarios: en torno a 184.000. La Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales del Gobierno de Susana Díaz se ha percatado de que el Ejecutivo central computa en esa cifra a los 28.000 dependientes moderados que reciben el servicio de teleasistencia avanzada, una prestación que la Junta incluye de forma gratuita en el sistema de atención a la Dependencia, pero que el ministerio no reconoce como parte de la cartera de servicios de la ley.

Hasta ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy lo consideraba una prestación estrictamente andaluza y, por tanto, no se sentía concernido en su financiación al 50% con la Junta, como establece la ley. La legislación estatal menciona el servicio de teleasistencia, pero Andalucía quiso ir más allá y desarrolló la prestación: además del famoso botón de emergencia que permite a los usuarios dar la alarma a una centralita ante cualquier incidencia, se incorporaron nuevos recursos tecnológicos, como un sistema de sensores para detectar caídas, o un detector de humos. Al incluir a estos 28.000 andaluces usuarios de la teleasistencia en el cómputo total de dependientes, el Ejecutivo de Susana Díaz ha encontrado por fin un asidero legal para reclamar en los tribunales al Gobierno central la financiación de este servicio.

La Consejería de Asuntos Sociales cifra en 16 millones de euros la deuda del Estado con Andalucía por los impagos para la teleasistencia. El Ministerio de Sanidad ha convocado este miércoles a todas las comunidades al Consejo Territorial de Servicios Sociales para abordar, entre muchos aspectos, el espinoso asunto de la financiación de la Ley de la Dependencia, con un apartado explícito al servicio de teleasistencia.

La consejera andaluza, María José Sánchez Rubio, acudirá a la reunión con un plan a y un plan b. El primero pasa por convencer al Gobierno central de que empiece a cofinanciar esta prestación en Andalucía, que supone un coste de dos millones de euros al mes (24 millones al año), habida cuenta de que el Ministerio reconoce a esos 28.000 usuarios como dependientes moderados, pero no aporta fondos para atenderlos. Si el Gobierno accede, la Junta no reclamará la deuda pendiente de 16 millones. El plan b supone la interposición de un recurso en los tribunales por la infrafinanciación de este derecho reconocido en la Ley de Dependencia, un extremo que los servicios jurídicos de la Junta ya tienen muy avanzado.

El coste de la atención a personas dependientes es uno de los principales frentes de conflicto entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Susana Díaz, porque Andalucía es la región con más dependientes (184.000 reconocidos) y la que más fondos propios destina para atenderlos. Desde la llegada de Rajoy a la Moncloa, la Junta de Andalucía viene denunciando el reiterado incumplimiento de la Ley de Dependencia por parte de la Administración central. La norma establece que la financiación de este derecho, cuarto pilar del Estado de Bienestar, debe estar repartido al 50% entre Gobierno y comunidades autónomas. Sin embargo, los datos del propio Ministerio de Servicios Sociales reconocen que la Junta asume el 78% del gasto total para dependientes su comunidad, mientras que el Ejecutivo central destina el 22% restante.

Techo de gasto en Dependencia

Si la presidenta Susana Díaz aún no ha recurrido en los tribunales este “reparto desigual” de los fondos para Dependencia, es porque el Gobierno del PP supo encontrar el asidero legal dentro de la norma para protegerse de futuras demandas. Según la Junta, nada más llegar a la Moncloa, Rajoy introdujo una modificación “clave” a la Ley de Dependencia, según la cual, sería el Ministerio de Sanidad quien tendría la potestad de fijar el presupuesto total para atención a dependientes que pagarían conjuntamente Gobierno central y comunidades. El reparto del gasto sería al 50% entre ambas administraciones, pero el precio de la factura lo pondrían desde Madrid.

Así, el Ministerio fijó ese tope en 600 millones de euros para Andalucía, de modo que su aportación al sistema de Dependencia en esta región se redujo a 300 millones (la mitad), cuando Andalucía dedicaba algo más de mil millones de euros a este servicio (1.181 millones en los presupuestos de este año). Otras comunidades autónomas optaron por modificar los criterios que habían establecido para optar a ayudas para dependientes, lo cual supuso una reducción del número de beneficiarios potenciales en la misma medida que se había recortado el gasto global (es decir, si el Gobierno central pagaba X cantidad, ellos empezaron a pagar la misma cifra a la baja).

El Ejecutivo andaluz, en cambio, inició una batalla política que todavía perdura, que se ha prolongado cinco años con Rajoy en la Moncloa y que, a falta de recorrido en los juzgados, ha empujado a la presidenta Díaz a incluir “la mala aplicación del sistema de Dependencia” en la agenda de los temas que se abordarán en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, en aras de consensuar un nuevo modelo de financiación territorial.

Susana Díaz denuncia que con los recortes a los fondos de la ley que se aplicaron en 2012, Andalucía ha dejado de percibir 508 millones del Estado con los que podría haber atendido a más de 105.000 usuarios y creado 20.000 empleos que se sumarían a los 45.000 existentes actualmente en el sector. Es un órdago a la mayor que, sin embargo, no ha logrado que el Gobierno central reaccione.

Ahora, la reunión de este miércoles entre la ministra Dolors Montserrat y sus homólogos en las comunidades aborda específicamente el tema de la teleasistencia, una pequeña trinchera dentro del complejo sistema de Dependencia, de donde la Junta espera sacar al menos 24 millones más al año. A su favor cuenta que otras regiones también empiezan a apostar por este servicio y esperan que el Gobierno central les inyecte fondos específicos.

En Andalucía, desde hace año y medio, la prestación de teleasistencia no es sólo el botón de emergencia. Cuando se incorporaron los dependientes moderaos al sistema, el dispositivo tradicional, que funcionaba con conexión al teléfono fijo, fue sustituido por móviles, permitiendo a los usuarios contactar también con los Servicios Sociales en caso de emergencia fuera de sus casas. Con ello, la Junta trataba de ampliar la autonomía de estas personas, cuyo grado de dependencia no es excesivo, facilitándoles salir a la calle con más seguridad. Hasta julio de 2015, los dependientes moderados no tenían derecho a recibir este tipo de prestaciones del sistema de Dependencia, según la Junta, debido al retraso en el calendario de aplicación de la ley que impuso el Gobierno de Rajoy en 2012.

En Andalucía hay 184.000 dependientes evaluados y la demora media para atenderles es de nueve meses, a pesar de que la ley establece un máximo de seis meses desde que se determina su grado de dependencia. El último informe del Observatorio de la Dependencia cifró en 100.000 andaluces ya valorados que no tienen acceso a esta prestación.