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ERES de Andalucia El Tribunal de Cuentas reclama a UGT 9,7 millones de euros por irregularidades en los ERE de Andalucía

El sindicato prepara ya el recurso, puesto que creen que puede ser un duro golpe al funcionamiento de la organización.

Imagen de archivo de la fachada del Tribunal de Cuentas.
Fachada del Tribunal de Cuentas. Foto de archivo. Europa Press

El Tribunal de cuentas ha reclamado más de 9,7 millones de euros al sindicato de la UGT en Andalucia en virtud de un expediente de responsabilidad contable, según informa este sábado El País. La decisión del Tribunal es un varapalo para la organización sindical, que prepara ya un recurso. La ejecución de esta decisión podría suponer el bloqueo de las cuentas bancarias de UGT y de sus fuentes de ingresos.

La investigación del Tribunal de Cuentas sobre la posible irregularidad en el tema de los ERES, lleva abierta una década y ha finalizado con la decisión de una liquidación provisional que pretende garantizar que la central sindical haga frente a posibles responsabilidades contables derivadas del proceso. Los posibles pagos sólo se harían efectivos cuando haya una sentencia firme pero, mientras tanto, los fondos o avales quedarán bloqueados.

El Tribunal ha llegado a la conclusión de que las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía no se gestionaron correctamente para de esa manera suavizar las consecuencias de los ERE sobre los trabajadores que perdieron su empleo y no podían reengancharse al mercado laboral.

Pero lo cierto, según el Tribunal, es que de esas ayudas no solo se beneficiaron personas afectadas por expedientes de regulación de empleo sino también a personas que "no reunían las condiciones exigidas" para recibir estas subvenciones. De la cantidad total reclamadas por el Tribunal de Cuentas, alrededor de 2,5 millones de euros deberán ser satisfechos de forma conjunta y solidaria con a la Federación Minerometalúrgica de CCOO.

El Tribunal de Cuentas sigue sin renovarse

El Tribunal de Cuentas se encuentra en funciones ante la imposibilidad de un acuerdo entre el PSOE y el PP para su renovación. Mientras tanto continúa con su labor fiscalizadora y ha tomado decisiones de calado como la imposición de una fianza de 5,4 millones de euros a exresponsables de la Generalitat de Catalunya por su actividad en el extranjero.

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