MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto fianzas por un total de 4,3 millones de euros a 21 exconsejeros de Caja Madrid en el marco de la causa en la que investiga los gastos personales cargados por valor de 15,5 millones a las 'tarjetas black' desde 1999 hasta 2012.

En un auto, notificado este viernes, el magistrado da un plazo de tres días para pagar las fianzas, que oscilan entre los 11.000 euros y los 610.000 euros señalada para el exconsejero de la caja propuesto por IU José Antonio Moral Santín, con el fin de cubrir las responsabilidades civiles que puedan derivarse de la causa en la que se investigan los gastos por valor de 15,5 millones de euros cargados a las 'tarjetas B'.

El juez advierte de que, de no depositar dichas fianzas, se procederá al embargo de los bienes de los imputados y considera evidente que no se trataba de "ningún tipo de retribución o complemento retributivo pues hacerlo con unas tarjetas de forma discrecional escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial". En este sentido, alude a la inexistencia de justificantes, preceptos estatutarios o disposiciones contractuales que permitan la "atribución de estos fondos al marco retributivo de los consejeros".

Andreu considera que esta "práctica irregular" causó un "perjuicio" a la entidad y que "no es de recibo que los consejeros manifiesten que nadie les llamó la atención" por su uso en provecho propio. En su opinión, deberían haber sido ellos mismos quienes se encargaran de eliminar esta práctica por el bien de la caja pues esta supervisión y control estaba entre sus atribuciones.

"La simple condición de consejero y la aceptación de dicha responsabilidad presupone el conocimiento de que no se puede entender como aceptable la entrega de una tarjeta para su uso discrecional y sin necesidad de justificar las necesidades del gasto", explica el juez.

Andreu achaca la responsabilidad a los consejeros por el uso de las tarjetas, "con independencia de que los consejeros imputados adoptaran o no acuerdo alguno sober el uso de las tarjetas". "Decidieron utilizarlas generando, en provecho propio, un perjuicio a la entidad que administraban", asegura.

Existen cargos, dice Andreu, que no pueden corresponderse, "en ningún caso", con gastos de representación. Además, algunos de estos cargos se producían en fines de semana o festivos.

En su auto, el juez hace constar la explicación que dio Terceiro de los dos controles que existían cuantitativo y cualitativo. Tenían un tope de 600 euros que los consejeros nunca llegaron a sobrepasar. El filtro cualitativo lo realizaba el secretario general, a quien se le debían presentar los justificantes de los gastos.

Sin embargo, estos filtros cambiaron con el nombramiento de Miguel Blesa. El juez incluye todas las explicaciones que han dado los 21 consejeros sobre las instrucciones que recibieron en la entrega de las tarjetas, " tantas como el número de consejeros han declarado, lo que no quita que, con independencia de las instrucciones verbales que les pudieran facilitar la persona encargada de la entrega física de la tarjeta, los citados consejeros debieran haber sabido, pudieron haber sabido y hubieran tenido la obligación de saber para qué y cómo debían hacer uso de los fondos que, a través de las mencionadas tarjetas de crédito, se les entregaban".

Andreu considera evidente que no era ningún tipo de retribución o complemento retributivo pues hacerlo con unas tarjetas de forma discrecional" escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial, por lo que no cabe imputar a este concepto las cantidades cargadas a las mencionadas tarjetas de crédito".

Instrucciones dispares

Las declaraciones de los consejeros ante el juez Andreu han revelado también que con la llegada de Blesa a la presidencia de la caja los cotos a las tarjetas fueron desapareciendo, incluidas las instrucciones que se les daba a los consejeros sobre su uso.

Como ejemplo clarificador, Ramón Espinar, consejero en ambas épocas, aseguró en su declaración que cuando se le entregó la tarjeta las instrucciones consistían en usarla "con prudencia en gastos de representación y para los gastos derivados de las actividades de los consejeros". Sin embargo, cuando Blesa accedió a la presidencia, las instrucciones pasaron a ser que las tarjetas podían usarse "para cargar gastos de carácter personal".

Y, de este modo, las instrucciones de uso de las tarjetas fueron distintas para consejero: a Moral Santín se le dijo que era un "complemento retributivo"; a José María Arteta que se trataba de una tarjeta para "gastos personales"; a Pedro Bedia directamente se le dijo que era "para todo tipo de gastos" y "sin necesidad de justificación".

"Las explicaciones son tantas como el número de consejeros que han declarado", asegura Andreu en el auto.