La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este martes el archivo de la investigación por delito de blanqueo de capitales contra el Banco Santander y la entidad financiera suiza HSBC Private Bank Suisse, pese a que indica que existen indicios de delito de blanqueo. Pide el sobreseimiento libre de la causa porque "no hay motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores". 

En un auto de veinte páginas, la Fiscalía describe el proceso de investigación a raíz de las revelaciones de Hervé Falciani, que dio lugar a la famosa lista Falciani. Gracias a esa lista, la Hacienda española ha logrado recuperar casi 328 millones de euros de defraudadores españoles que se habían acogido al sistema implantado por la entidad suiza HSBC para ocultar al fisco sus fondos, "contando con la necesaria actuación del Banco Santander y BNP Paribas Securities, que prestaron su apoyo en operaciones puntuales", consta en el auto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Público.

La Fiscalía recuerda que el Santander era el banco corresponsal de HSBC en España. Seis de sus clientes fueron condenados por delito contra la Hacienda Pública, trece regularizaron su situación y 53 fueron denunciados. Todos ellos habían seguido el sistema de ocultación de fondos de la banca privada suiza, entre 2005 y 2010. Recuerda también Anticorrupción que HSBC fue sancionada en España por mantener, entre 1994 y 2000, 138 cuentas cifradas, sin identificación de los titulares, vinculadas con el escándalo Gescartera. El objetivo de la banca privada suiza era atraer fortunas al garantizar a sus propietarios que su dinero no sería detectado por las autoridades españolas.

Pese a esos  indicios, la Fiscalía recuerda los responsables del Santander calificaron de "bajo" el riesgo de blanqueo del HSBC, lo que permitía unas medidas de control simplificadas.

Pero la lista Falciani acabó con el anonimato. Entre 2005 y 2008, el Santander recibió de clientes no identificados 1.070 transferencias de fondos de Suiza a España por un importe de 74 millones de euros; de los cuales, 13,5 millones procedían de cuentas denunciadas en la lista Falciani. "En ningún caso, por los responsables de Banco Santander se llevó a cabo control alguno sobre esta operativa a pesar de que HSBC Private Bank Suisse era una entidad de Banca

Privada cuyos clientes en muchos casos eran residentes españoles con fondos en Suiza y obligaciones tributarias en nuestro país", dice la Fiscalía.

Como resultado de la operativa opaca, prosigue la Fiscalía, a través de los

servicios financieros de Banco Santander y Santander Investment "se realizaron trasferencias de fondos, movimientos y depósitos de valores, que consiguieron ocultar al erario, CNMV y demás autoridades competentes, el origen de tales capitales. En concreto, entre tales clientes se encuentran 90 personas físicas denunciadas como consecuencia de la lista Falciani".

En cuanto a la entidad BNP Paribas Securities Servicies, aunque no era el banco corresponsal de la suiza HSBC, Anticorrupción la sitúa entre 2003 y 2007 dentro de una relación contractual con el banco suizo, a través de una cuenta de valores, a la que se traspasaron más de dos millones de euros en acciones de Bankinter, ocultando de esa manera la titularidad real de esas acciones que eran de los hermanos Emilio y Jaime Botín, propietarios del Santander. 

Debido a este descubrimiento, el juez De la Mata imputó a siete directivos del Banco Santander y a otros tres  del BNP Paribas, pero los hermanos Botín, al no recibir denuncia de su propio banco, se libraron con el pago de una multa por no haber comunicado la titularidad del 8 por ciento del accionariado del Bankinter.

Anticorrupción lamenta en su auto la imposibilidad de proponer el procesamiento del Santader y de HSBC. Hace referencia a los límites de la legislación española, que frena el delito de falsedad documental vinculado al delito fiscal regularizado. "La ausencia en el momento actual de Jurisprudencia del Tribunal Supremo o Constitucional sobre la cuestión, unido a las evidentes dificultades técnicas que la resolución del problema plantea, no otorgan certeza sobre el resultado de la pretensión penal que pudiera plantearse en la sede de enjuiciamiento". Es decir, opta por el archivo por el incierto éxito que podría alcanzar la vía penal en los delitos estudiados.

Sin embargo, propone derivar todas las actuaciones llevadas a cabo en la pieza 'Entidades' a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores "para depurar las responsabilidades que en su caso procedan".