ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas que suman 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación para el expresidente de la Diputación de Alicante y del PP de esta provincia José Joaquín Ripoll en el marco del caso Brugal.

El Ministerio Público le acusa de seis delitos: cohecho continuado, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Anticorrupción pide en su escrito de acusación provisional abrir igualmente juicio contra otros doce acusados por su implicación en las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la comarca de la Vega Baja. Entre estos sospechosos destacan los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, así como técnicos, empresarios, la exalcaldesa de Orihuela (PP) Mónica Lorente y el exportavoz socialista en la Diputación Antonio Amorós.

La investigación del caso Brugal se inició en 2006 después de que Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela que ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.

El sumario se desgajó en los años posteriores en una veintena de piezas separadas de las que las más importantes se refieren al Plan Zonal de Residuos, la citada contrata de basuras de Orihuela y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante.

Ripoll y los principales implicados en la rama del Plan Zonal fueron detenidos en una operación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y dirigida por Anticorrupción y un juez de Orihuela en julio de 2010. 
Esa operación incluyó un llamativo registro en la sede de la Diputación alicantina, así como en el domicilio particular del propio Ripoll, en el ayuntamiento de Orihuela y en numerosas empresas involucradas en el presunto amaño.

La Fiscalía ha solicitado inicialmente para los empresarios Ortiz y Fenoll, que se disputaban el contrato para tratar las basuras de la Vega Baja, sendas penas de 17 años de prisión, mientras que reclama para Amorós y Lorente 4 años y 9 meses de cárcel, en ambos casos.