La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso inmediato en prisión de Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat Valenciana y exministro del Partido Popular, tras ser condenado a diez años y cinco meses de prisión en el caso Erial, relacionado con la adjudicación de estaciones de ITV. Esta petición surge tras apreciar un riesgo de fuga por parte del antiguo dirigente, a pesar de que la sentencia aún no es firme.

El próximo 7 de noviembre, la Audiencia Provincial de València celebrará una vista para que las partes se pronuncien sobre la petición de encarcelamiento de Zaplana. La solicitud de la Fiscalía fue presentada justo una semana después de conocerse la sentencia dictada por el tribunal valenciano, que condena al popular por haber recibido comisiones a cambio de concesiones públicas y haberlas canalizado mediante una estructura societaria en varios países como Panamá, Luxemburgo y Andorra.

El expresident valenciano ha sido declarado culpable de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. Además de la pena de prisión, se le ha impuesto 17 años y diez meses de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público, junto con una multa que supera los 25 millones de euros. Sin embargo, fue absuelto del delito de pertenencia a grupo criminal, uno de los cargos inicialmente presentados en su contra.

Además de Zaplana, otros seis acusados han sido condenados con penas de un año y tres meses a cinco años de cárcel. Entre los condenados se encuentran personas cercanas al exdirigente, como el abogado Francisco Grau, su antiguo jefe de gabinete Juan Francisco García y su amigo y testaferro Joaquín Miguel Barceló. También han sido condenados los empresarios Juan y Vicente Cotino, sobrinos del exdirector general de la Policía, Juan Cotino.

Francisco Grau ha sido condenado a cinco años de prisión y una multa de 20 millones de euros por blanqueo de capitales, mientras que Juan Francisco García recibió una condena de dos años y 11 meses por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo, aunque se benefició de un atenuante por su confesión. Su mujer fue condenada como partícipe a título lucrativo en el delito de blanqueo.

Por su parte, José Cotino fue condenado a dos años de cárcel y una multa por cohecho, mientras que su hermano Vicente recibió una pena de tres años y cinco meses por cohecho, falsedad documental y blanqueo. Otros acusados, como Joaquín Miguel Barceló y Francisco Pérez, recibieron condenas menores por su participación en el blanqueo de capitales.

El tribunal tuvo en cuenta la confesión de varios acusados, como Juan Francisco García y los hermanos Cotino, quienes colaboraron con la Justicia, lo que facilitó el esclarecimiento de los hechos y permitió que el juicio se desarrollara con mayor celeridad. Esta colaboración fue valorada como una atenuante importante por el tribunal.

En cambio, ocho personas fueron absueltas en el proceso, entre ellos José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat Valenciana, quien había sido acusado en relación con los parques eólicos. Otros absueltos incluyen a la exdiputada popular Elvira Suanzes, su hermano Saturnino, la secretaria de Zaplana Mitsouko Henríquez y varios empresarios relacionados con el caso.

Finalmente, también se absuelve a las personas jurídicas involucradas en el caso Erial, lo que cierra un capítulo más en este escándalo de corrupción que ha afectado a la política valenciana y que ha puesto de manifiesto la trama de comisiones ilícitas en torno a la adjudicación de estaciones de ITV.