MADRID.- El Ayuntamiento de Badalona suprimió el lunes la unidad Omega de la Guardia Urbana del municipio, los 'antidisturbios' de la policía local. Esta decisión es una de las primeras medidas del nuevo Gobierno municipal de izquierdas que muestra así su intención de construir un modelo de policía municipal y de seguridad ciudadana menos punitivo y más próximo al ciudadano. La disolución de este cuerpo, de hecho, era una de las promesas de la coalición formada por Guanyem, ERC e ICV-EUiA. 

Sin embargo, Badalona no ha sido el único municipio que ha puesto el foco sobre ellos. La candidatura de Barcelona en Comú, que aupó a Ada Colau a la Alcaldía de la ciudad condal, prometía disolver “de manera progresiva” la Unidad Policial Administrativas y de Seguridad (UPAS)-que en la actualidad se llaman Unidad de Soporte Policial (USP)-, los conocidos como 'antidisturbios' locales.

En diversas entrevistas, Colau aseguraba que el actual modelo policial de la ciudad tiene una “parte represiva sobredimensionada” debiendo redirigirse hacia otro modelo de policía local centrado en la proximidad y en la mediación. No obstante, Colau aún no ha tomado ninguna medida en este sentido aunque sí ha mantenido una reunión con los representantes sindicales de la Guardia Urbana de Barcelona.

Colau aseguraba que el actual modelo policial de la ciudad tiene una “parte represiva sobredimensionada”

Tras el primer encuentro, Marcos González, portavoz de SAPOL, el sindicato mayoritario de la Guardia Urbana, señaló que Barcelona en Comú no era consciente del modelo policial barcelonés que “tanto" había "costado conseguir”. Así, señaló que Colau se había "dejado influenciar" por los sectores de Barcelona en Comú más beligerantes con los cuerpos policiales. "La Guardia Urbana ha evolucionado con la sociedad y las USP son totalmente necesarias para proteger a la ciudadanía”, señaló González, en defensa de la permanencia de este cuerpo. 

También Jordi Gallart, portavoz de la sección sindical de CCOO en la Guardia Urbana, asegura en declaraciones a Público que las USP de Barcelona son "muy necesarias" en la ciudad condal y que, aunque Barcelona en Comú tenía esta medida en su programa, ahora podría cambiar de opinión ya que una vez dentro de la institución habrá podido comprobar que las "funciones que realiza esta unidad son imprescindibles". En este sentido, los sindicatos de la Guardia Urbana de Barcelona UGT, CC.OO. y Sapol pidieron ayer, martes, una nueva reunión para que Barcelona en Comú aclare "qué modelo policial" tiene el consistorio.

En Madrid, con la victoria de Ahora Madrid, el debate está encima de la mesa. El concejal de Urbanismo, Javier Barbero, aún no se ha pronunciado sobre este asunto aunque sí ha señalado en una entrevista concedida a 20 minutos que el esquema que él pretende es el de una "policía preventiva, que cuide" a la vez que aseguraba que "no es justificable detener a alguien por una protesta pacífica en un desahucio". 

Por su parte, Andrés Serrano, oficial de la Policía Municipal de Madrid y candidato a ocupar el puesto de Coordinador General de Seguridad del Ayuntamiento, cargo que media entre el concejal de Seguridad y la jefatura del Cuerpo de Policía Municipal, señaló en declaraciones a este medio que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 no permite que la Policía Municipal tenga competencias en materia de orden público, por lo que no se trataría tanto de suprimir o eliminar unidades como "de cumplir la ley".

Funciones y competencias

En el fondo, las discrepancias que surgen sobre esta cuestión se deben a la diferente interpretación que se realiza de las funciones que les atribuye la mencionada Ley Orgánica, de la distinta concepción de lo que debe ser un Cuerpo de Policía Municipal y de la asunción por parte de estos cuerpos especiales de policía municipal de competencias y responsabilidades que exceden sus competencias.

En este sentido, cabe señalar que la citada ley, en su artículo primero, establece que la "seguridad pública es competencia exclusiva del Estado" y que "su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación", por tanto, a la Policía Nacional.

El concejal de Urbanismo de Madrid ha asegurado que aspira a una "policía preventiva, que cuide" 

Sin embargo, en el artículo 53 del Título V de la misma Ley, se establece que las funciones de la Policía Local son, entre otras, "proteger a las autoridades de las corporaciones locales, y la vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones", así como "vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la policía de las CCAA en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello".

Es en esta segunda función, por tanto, donde nacen las discrepancias. En primer lugar, convendría aclarar que los antidisturbios de la Policía Municipal no existen como tal. Son unidades especiales de intervención que los diferentes consistorios han ido creado y dotando de competencias para teóricamente cumplir con la función de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas".

Así, el oficial Andrés Serrano considera que las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), el nombre específico de los llamados popularmente como 'antidisturbios', fueron creadas "para apoyar la seguridad ciudadana en ciertos sitios" pero que, "poco a poco, han ido adquiriendo más competencias y funciones sin que nadie les parara los pies y han llegado a actuar de policía 'antidisturbios'". Por tanto, para Serrano no se trata tanto como de eliminar una unidad si no de "cumplir" con lo que marca la ley. 

Una opinión similar a la de Serrano tiene Manuela Oliva, responsable de Policía Local de FSC-CCOO. Oliva considera que "las competencias plenas en seguridad ciudadana las tiene la Policía Nacional". "La Policía Local debe tener una labor de proximidad, de cercanía al ciudadano y un trabajo de prevención", explica Oliva en declaraciones a Público. 

Un ejemplo práctico

Un ejemplo práctico para entender la postura de Manuela Oliva son las manifestaciones multitudinarias que se han producido en Madrid en los últimos años. Oliva considera que la Policía Municipal no se creó para participar en el control y, a veces represión, de estas manifestaciones.

"En el Jaque al Rey, por ejemplo, no debería estar la Policía Municipal y en las Marchas por la Dignidad, tampoco", dice la responsable de Policía Local de FSC-CCOO

"En el Jaque al Rey, por ejemplo, no debería estar la Policía Municipal y en las Marchas por la Dignidad, tampoco. Aquí debe intervenir única y exclusivamente la Policía Nacional", señala Oliva, que apunta que la Policía Municipal debería intervenir si los manifestantes tratan de invadir un edificio público. 

Oliva defiende que se debe reorientar la Policía Municipal hacia un modelo más "social y más próximo al ciudadano". "No se trata tanto de la seguridad ciudadana y sí de la seguridad del ciudadano", apunta Oliva. 

Dentro del mismo sindicato, pero en la sección de la Guardia Urbana de Barcelona, Jordi Gallart defiende que los llamados coloquialmente antidisturbios, los UCS en Madrid y los UPS en Barcelona, sí deben intervenir en este tipo de manifestaciones. Gallart se ampara en el citado artículo 53  que establece la función de "colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Delimitar funciones

"El tiempo que los UPS dedican a la protección de un edificio municipal es el 5% de su jornada laboral anual. El resto de su jornada la dedican a dar soporte, colaborar y ayudar a los policías de distrito. Si hay una necesidad específica en un distrito acude una unidad de los UPS. Se trata de una unidad de reacción para hacer frente a las necesidades de la ciudad", señala Gallart, que califica de "imprescible" esta unidad policial. 

También Miguel Carmona, presidente de la Asociación de Jefes de la Policía Municipal de Madrid, considera que la UCS es una unidad "necesaria y con un cometido claro" y aboga por delimitar de manera más estricta las funciones que puede realizar y las que no para acabar con el debate. 

Por su parte, Manuela Oliva sentencia señalando que es necesario "repensar" el modelo policial en el Estado. Oliva señala que el debate no es tanto si disolver estas unidades o no como especificar qué policía local se desea y establecer unas competencias claras que no lleven a equívocos. "No se trata de si son legales o ilegales sino de establecer qué funciones tienen, definirlas bien y tratar de que la policía local sirva al ciudadano", sentencia Oliva.