AntifraudeEl Supremo obliga a Antifraude a entregar al PP el expediente del hermano de Ximo Puig

La síndica adjunta del PP en Les Corts Valencianes, Eva Ortiz, ha instado a la Agencia Antifraude a entregar "lo antes posible" el expediente sobre las ayudas al valenciano a empresas de socios de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, mientras que el PSPV, a través de su portavoz en la cámara, Manolo Mata, ha acusado a los populares de "reventar" este organismo.

Ortiz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, ha valorado la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Agencia Antifraude contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que dio la razón al PP y reconoció su derecho a consultar los expedientes abiertos por este organismo sobre las ayudas al valenciano de los socios del empresario Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

La diputada ha considerado que "alguien tendrá que decir cómo es posible que la Agencia Antifraude vaya en contra de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana" y que ahora el Supremo ha avalado al inadmitir el recurso "porque entiende desde el primer momento que tiene razón esta diputada y su grupo".

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha cifrado en 130 los recursos interpuestos por el PP por denegación de documentación por parte del Consell

Así, ha apuntado que la Agencia Antifraude tiene ahora mismo cinco solicitudes presentadas por el PP, entre ellas, esta que está relacionada con la investigación de las subvenciones al fomento del valenciano y le ha instado a "entregar la documentación lo antes posible" ya que, en caso contrario, "seguiremos en este proceso tristemente en los tribunales para que haya transparencia en el Gobierno valenciano".

Las restantes tienen que ver, dos de ellas con ayudas de agricultura a estas empresas, otra con la gestión de las residencias durante la pandemia y la quinta con el funcionamiento de la Policía Local en el País Valencià, todavía pendiente.

Ortiz ha reprochado que Antifraude "no se puede saltar la Constitución, deben conocerla y saber que ampara derechos fundamentales de los diputados", y ha señalado que han pedido la comparecencia del director de la Agencia, Joan Llinares.

En esta línea, ha recalcado que quieren saber qué es lo que ha hecho Antifraude en el caso de la sanción de Competencia a las empresas vinculadas a Francis Puig por pacto de precios, ya que también se mandó el expediente por este motivo y "curiosamente no vio ningún tipo de situación irregular y lo dejó en stand by". "¿Quién asumirá la responsabilidad?", se ha preguntado la diputada.

Ortiz ha cifrado en 130 los recursos interpuestos por el PP por denegación de documentación por parte del Consell, que se han agrupado en 70 porque "no van uno a uno" y ha subrayado que todos los que se han resuelto ya han sido a favor de los 'populares'.

Por su parte, el síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, se ha mostrado "muy respetuoso" con las decisiones de los tribunales de Justicia y ha recordado en la rueda de prensa que la Agencia Antifraude se aprobó en la cámara con entonces el voto en contra de los 'populares', que la llegaron a calificar de "gestapo".

El PSPV defiende la discreción

"Es una agencia que ha recibido todo tipo de menciones y reconocimientos internacionales por su labor y su trabajo pasa por la discreción", ha defendido, y ha añadido que si se le considera por los tribunales como un órgano administrativo más y todos los diputados pueden pedir las investigaciones abiertas, "es una manera de reventar" estos casos.

Por tanto, ha lamentado la "imposibilidad de gestión" que esto va a suponer para la Agencia Antifraude que, a su juicio, "pierde su sentido" y lo ha comparado como si la Policía tuviera la obligación de informar o también la Fiscalía o un tribunal sobre diligencias secretas. Así, ha resumido su opinión: "Es un experimento de mucho calado, creo que era muy bueno para luchar contra la corrupción y creo que alguien lo ha reventado".

Antifraude Valenciana: "Si hay que entregar expedientes a grupos políticos, se quebraría procedimiento en sí mismo"

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha asegurado este martes que seguirá defendiendo la "independencia" e "imparcialidad" de sus investigaciones contra la corrupción y su director, Joan Llinares, ha afirmado que "nunca" se han opuesto a la entrega de documentación sobre su trabajo "pero otra cuestión muy diferente son los expedientes de hechos que están siendo investigados". En esta línea, ha advertido que "si hay que entregar los expedientes a los grupos políticos, se quebraría el procedimiento en sí mismo". 

Así lo ha indicado en un comunicado después de que el Tribunal Supremo haya decidido inadmitir a trámite el recurso de casación interpuesto por el organismo que dirige contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que dio la razón al PP y reconoció su derecho a consultar los expedientes abiertos sobre las ayudas al valenciano de los socios del empresario Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. 

Antifraude subraya que se trata de la petición de un grupo político de Les Corts de acceder a la documentación "de un expediente de investigación abierto y en curso relativo a presuntas conductas de corrupción que podrían afectar al ámbito de otro grupo político distinto". 

Según detalla, el TS ha señalado que, a su entender, "no hay normas estatales infringidas por lo que deriva la decisión a la Sala Especial de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana", lo que supone que la sentencia no sea "firme todavía" porque habrá que esperar el dictamen de esta instancia judicial. 

"La Sala Especial deberá entrar a analizar si ha existido o no infracción de la normativa autonómica e incluso de la jurisprudencia del propio Tribunal Superior de Justicia el cual ya se ha pronunciado determinando que los parlamentarios de Les Corts no tenían derecho de acceso cuando requirieron de la Conselleria de Hacienda el plan de control tributario que, de acuerdo con la Ley General Tributaria, tiene carácter reservado", subraya la entidad dirigida por Llinares. 

Protección de identidad a los denunciantes

También recuerda que la Ley 11/2016 que creó la Agencia Valenciana Antifraude "estableció, en aras al buen fin de las investigaciones, la confidencialidad y reserva de sus actuaciones de investigación en curso" --mientras que las resoluciones finales de investigación se publican en su página web--, y también "la protección de la identidad de los denunciantes que no se puede revelar sin su consentimiento expreso", algo que está hoy en día "reforzado" por la Directiva (UE) 2019/1937 de protección de los 'whistleblowers'. 

"Mi principal función es proteger las investigaciones que se realizan en la Agencia Valenciana Antifraude con independencia de la persona o entidades de que se trate. Si hay que entregar los expedientes a los grupos políticos se quebraría el procedimiento en sí mismo, en cuanto que todo el personal de la AVAF está sujeto a ese deber de confidencialidad y secreto de sus actuaciones mientras perdura la fase de investigación", ha señalado Llinares. 

En esta línea, recalca que desde esta agencia "nunca nos hemos opuesto a la entrega de documentación referente al trabajo que llevamos a cabo, pero otra cuestión muy diferente son los expedientes de hechos que están siendo investigados", ya que la entrega a los partidos políticos "pondría en riesgo el desarrollo de las propias investigaciones, la identidad de las personas que denuncian los hechos o colaboran en la investigación y se destruiría el derecho constitucional a la defensa y a la presunción de inocencia de los investigados". 

Así mismo, desde la Agencia se recuerda que, con esta actuación, "se estaría vulnerando la Directiva Europa 2019/1937 de protección de las personas denunciantes y alertadora de corrupción", que ha sido "invocada" por diversos tribunales y la propia Fiscalía y sobre la que en estos momentos se están desarrollando los trabajos de trasposición al ordenamiento jurídico español, que deberá entrar en vigor en diciembre de este mismo año.