Cruce de declaraciones, incertidumbre jurídica y, de fondo, un nuevo giro que, con toda probabilidad, golpeará el inquietante tablero político. Cuando el conflicto político de Catalunya con el Estado era reconocido como tal y el diálogo entre los diferentes actores se definía como la única solución, la detención del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha disparado la tensión en el independentismo, una alarma que, por otra parte, tendrá repercusión en la senda de diálogo iniciada oficialmente la semana pasada con la primera reunión de la mesa de negociación entre Madrid y Barcelona.

Y, más aún, cuando las conversaciones sobre los Presupuestos del próximo curso han dado el pistoletazo de salida. Ante todo, tanto los partidos que sostienen el Gobierno de coalición como ERC, uno de los principales socios parlamentarios de este, llaman a la "prudencia" de cara al impacto que la detención de Puigdemont pueda provocar en la mesa de diálogo y en la negociación presupuestaria. En este sentido, fuentes parlamentarias del grupo republicano añaden que se mantienen a la expectativa hasta que se resuelva la situación procesal del expresident catalán.

No obstante, los representantes de ERC en el Govern, con su president, Pere Aragonès, a la cabeza, han salido en tromba para condenar la "represión y persecución judicial". "El Estado español ha engañado al Tribunal Europeo. Es evidente que estos gestos no ayudan nada en el proceso de resolución del conflicto político. No contribuyen a generar las condiciones que favorezcan la confianza entre las partes. El primer paso era y es que se acabe con la represión. Es por eso que exigimos la retirada de las órdenes de detención contra Puigdemont y el conjunto de personas represaliadas", ha declarado el president acompañado por sus consellers tras la reunión extraordinaria del Govern. Asimismo, Aragonès, que viajará esta tarde a Cerdeña junto al vicepresident Jordi Puigneró, ha exigido su "inmediata puesta en libertad".

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reflexionado sobre la detención de Puigdemont con la huida del rey emérito Juan Carlos I a Abu Dabi: "Reyes ladrones fugados en Abu Dabi y Presidentes electos detenidos en Cerdeña".

En cuanto al Gobierno, el gabinete de Pedro Sánchez recuerda que "la detención de Puigdemont obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales". Ahora bien, tal como ha señalado la ministra de Defensa, Margarita Robles, las negociaciones sobre el conflicto político y los Presupuestos deben permanecer separadas ante "una cuestión personal".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que respetará "las decisiones judiciales que se adopten en cada momento" y ha incidido en "abandonar el camino de la judicialización" para "apostar por la vía del diálogo". "Por eso hemos trabajado tanto para la recuperación de esa mesa de diálogo y para que éste sea el camino, porque la judicialización ha demostrado ser un callejón sin salida", ha dicho durante su viaje a La Palma por la erupción del volcán. Si bien, destacan las palabras del presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, quien ha tildado el arresto de "ilegal" al basarse en una orden de detención judicial "suspendida por el TJUE".