España no sólo ha sido condenada a pagar indemnizaciones millonarias a inversores por los recortes del último Gobierno del PP a las energías renovables, sino que además debe abonar hasta el 75% de todos los gastos declarados por sus demandantes, que consideran vulneradas las "legítimas expectativas de ganancia" de sus inversiones. Esto supone un total de 7,1 millones de euros, 4,9 millones por los gastos del inversor NextEra Energy, y 2,2 millones de euros por los que declararon Opera Fund Eco-Invest y Schwab Holding.

En lo que va de año, los árbitros de inversiones del CIADI -dependiente del Banco Mundial- han condenado a España en tres ocasiones por el recorte del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las renovables, por lo que el Estado deberá pagarles casi 260 millones como indemnización -contando con las cifras disponibles, de sólo dos de los casos-. También deberá correr con la mayoría de los gastos en los que estas empresas sostienen haber incurrido durante los años en los que han estado abiertas estas causas.

Sólo en relación a estos casos, España tiene que pagar 1,5 millones en concepto de honorarios del despacho de abogados Cuatrecasas -el 75% del total facturado- por su labor de asesoría al inversor OperaFund, y 95.670 euros por los trabajos del mismo bufete en el caso NextEra -el 33% de la minuta-, en el que también participaron otros despachos. En total, debe reembolsar a los inversores honorarios del despacho por valor de 1,6 millones de euros, tal y como se desprende de los laudos que resuelven ambos casos, analizados por Público.

En la primera de estas resoluciones -OperaFund-, aprobada con el apoyo de dos árbitros y con una opinión disidente -una suerte de voto particular- de un tercero, se desglosan los honorarios del bufete. Asegura haber dedicado al caso 5.277 horas de trabajo -lo avala la firma del director general de Operaciones, del despacho, Emilio Martínez Poyatos-, y cobró entre 150 y 575 euros por hora de trabajo hasta 2018. La tarifa subió en 2019, para facturar entre 200 y 600 euros por hora. En total, requirió el pago de 2.006.670 euros, de los que el demandado debe sufragar el 75%.

En relación al caso NextEra, el despacho que ha llevado la voz cantante ha sido Skadden Arps -ha cobrado 11, 514 millones de euros por ello-, si bien Cuatrecasas ha facturado 287.102 euros. En este caso, el Estado ha sido condenado a pagar el 33% de todos los gastos del demandante, entre ellos esos 95.666 euros en concepto de honorarios del bufete.

Cuatrecasas es el despacho en el que trabaja la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, número dos del Ejecutivo cuando alumbró la reforma energética por la que han demandado estos inversores. Hoy por hoy hay seis causas abiertas en las que el inversor cuenta con los servicios de este bufete, y en total reclaman más de 1.334 millones al Estado, como avanzó este diario. 

Además, de las nueve causas relacionadas con este despacho hay una tercera ya resuelta, también en favor del inversor, si bien los representantes de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Transición Ecológica -responsable de coordinar la defensa ante estos litigios- no han querido facilitar este laudo. El tercer caso resuelto en 2019, sobre el que aún no han transcendido cifras, hace referencia a la demanda de Infrared Environment Infrastructure, que reclamó 92 millones de euros al Estado. Los árbitros fallaron a su favor, pero aún no se conoce el importe por el que deberá ser indemnizado.

En cualquier caso, el de Santamaría es el bufete español más contratado por inversores que demandan a España ante este tipo de instancias, el segundo a nivel internacional. Todas estas demandas, como la inmensa cantidad de litigos aún pendientes por el Tratado de la Carta de la Energía, se sustentan en el hachazo a las renovables del Ejecutivo del PP.

Santamaría, abogada del Estado en excedencia, es socia de la firma y se sienta en su Consejo de Administración. Llegó al bufete en marzo de 2019 -Cuatrecasas ya defendía a estos inversores-, escasos meses después de su salida del Gobierno, vía moción de censura, en junio de 2018.

Los recortes en esta materia fueron impulsados por José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo entre 2011 y 2016, si bien Santamaría era la responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Cada miércoles, la entonces vicepresidenta rechazaba o daba luz verde a las normativas que finalmente serían aprobadas por el Consejo de Ministros, dos días después.

Hoy Santamaría lidera la práctica de Corporate Governance and Compliance del bufete, según su página web. Desde Cuatrecasas se remiten a anteriores explicaciones a este diario. Hace una semana, afirmaron que la exvicepresidenta sólo trabaja en su área, y subrayaron que nunca ha hecho incursiones en la parcela del arbitraje.

Por su parte, desde el Ministerio de Transición Ecológica han obviado las reiteradas peticiones de información de este diario. Lo cierto es que, hasta la fecha, la Abogacía del Estado ha logrado retrasar estos pagos a inversores, mientras pelea la anulación de los laudos favorables a inversores comunitarios.

La Abogacía se aferra a la posición de la Comisión Europea, que en 2018 rechazó que entre los 27 sea posible demandar mediante estos mecanismos, propios de tratados bilaterales con terceros. Estarían así vetados para empresas radicadas en la UE.

Bruselas tuvo en cuenta el fallo del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Achmea. La resolución, dictada en marzo de ese año, estableció que los acuerdos de arbitraje en los tratados bilaterales entre Estados miembros son contrarios a la normativa comunitaria.

En cualquier caso, la opacidad de este tipo de mecanismos de resolución de disputas, así como su elevado coste para los Estados, son circunstancias que ya han sido denunciadas en varias ocasiones por el think tank Transnational Institute (TNI). Lucía Bárcena, investigadora del centro, explica que los honorarios de estos abogados pueden dispararse hasta los 1.000 euros la hora, y afirma que hay “interés” por alargar las causas, ya que se cobra por hora trabajada, y “en función de las horas estimadas de trabajo que justifican los propios despachos”.

“Los procedimientos suelen durar varios años, y casi siempre se negocian a puerta cerrada, con muy poca o casi nula información al público. “A veces ni sabemos que un caso está en marcha”, apostilla.

España pagará a OperaFund 23.300 euros en fotocopias

Si bien el laudo del caso NextEra viene incluido en la última actualización de datos sobre arbitrajes de UNCTAD, dependiente de Naciones Unidas, el del caso OperaFund no aparece en esta actualización, que llega hasta mediados de año.

El laudo en cuestión desglosa todos los gastos declarados por el demandante, y entre ellos aparecen los costes de preparación de una audiencia en París, en junio de 2018 (19.316 euros); el concepto Traducciones (56.821 euros); Servicio de correo (2.111 euros), Fotocopias (31.063 euros) y otra partida de gastos varios por 5.789 euros, en la que se incluyen “taxis, comidas, vuelos y registros”.

De todos estos gastos, el laudo establece que España deberá pagar un 75% del total (sólo en fotocopias son 23.300 euros). Esto suma una factura de 2.246.544 euros únicamente en gastos, englobados también los del centro que acogió el arbitraje. A esto se suman intereses, y la indemnización de 26,76 millones de euros (29,3 millones de dólares) que le fue impuesta en septiembre.

A su vez, en el caso de NextEra, el Estado debe abonar 290,6 millones de euros, a los que se suman intereses, y el 33% de los gastos del demandante: 4,8 millones de euros, así como el tercio de los costes del propio arbitraje -del total ya avanzado por el inversor-, 120.515 euros. Un total de 295,5 millones de euros, según el laudo dictado en junio.

Por si fuera poco, España debe hacer frente además a sus propios gastos: 3,1 millones de euros -tasas, traducciones, dictámenes de expertos- y otros 439.422 euros adelantados ya al arranque del arbitraje, todo ello en el caso de NextEra -más el porcentaje del inversor que debe costear-.

En lo que respecta al caso OperaFund, y contando con ese anticipo pagado al CIADI, el Estado gastó 1,54 millones de euros, incluyendo gastos de viaje, traducciones o fotocopias.

Los honorarios de los árbitros y otros gastos declarados por el CIADI rondan el millón de euros en ambos casos. Según el TNI, un arbitraje cuesta entre seis y 22 millones, y el número de demandas ha ido creciendo año a año: en 1996 hubo 38 casos, en 2011 ya eran 450, y hoy son 983, según la base de datos de la UNCTAD.

De hecho, Bárcena recuerda que el último informe del CIADI sitúa al Estado español como el blanco de más demandas de inversores entre julio de 2018 y junio de 2019. Y sigue siendo el segundo país del mundo con más litigios en su histórico: de los 51 registrados, 46 hacen referencia al Tratado de la Carta de la Energía. Salvo un par, todos esos casos mencionan explícitamente las reformas del Gobierno del PP en el que Santamaría era vicepresidenta.

Nota sobre el PDF: en la imagen, extraída del laudo, aparecen los gastos del inversor hasta 2018. Posteriormente se actualiza esta cifra, que se eleva hasta la referida en este artículo.