El expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha pagado 2.2 millones de los 5,25 que el Tribunal de Cuentas impuso como fianza por los gastos realizados durante la consulta del 9 de noviembre de 2014. Según fuentes jurídicas, la defensa de Mas ha enviado un escrito al organismo en el que se pide ampliar en 15 días el plazo fijado, que cumple esta semana, para poder depositar los tres millones restantes.

La cantidad ingresada este lunes en la cuenta bancaria fijada por el Tribunal de Cuentas se acerca a los 2 millones de euros que la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural han recaudado a través de la "caja de solidaridad" que impulsaron para recoger fondos con los que pagar la fianza por el 9-N.

La defensa de Mas ha enviado su escrito también en nombre del resto de afectados: los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y cinco funcionarios del Govern. El abogado ha solicitado que se le acepte esta ampliación del plazo para abonar el resto atendiendo a "los medios económicos de los presuntos responsables". Ha añadido que con la aportación de este lunes considera que se demuestra la voluntad de depositar la totalidad.

En su escrito, ha anunciado además que, como los 2,2 millones sólo cubren parcialmente el importe reclamado, "se presentarán otros medios de garantía encaminados a la cobertura de la totalidad de la liquidación". El letrado también aclara en el texto que la cantidad ingresada tiene únicamente "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia.

El Tribunal de Cuentas impuso el pasado 25 de septiembre una fianza solidaria de 5.251.948,17 euros a Mas al considerarle el máximo responsable del referéndum. La cifra total reclamada responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros. El Tribunal de Cuentas fijó esta semana para que los denunciados afiancen las cantidades impuestas y avisó de que, en caso contrario, se procedería al embargo de los bienes de los responsables del 9-N.