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El ascenso de la ultraderecha en el Congreso amenaza el futuro de las reformas sociales

Los 52 escaños de Vox y la pugna con el PP en el espacio conservador podrían obstaculizar reformas de corte social pendientes de otras legislaturas, como la ley de eutanasia, la derogación de la ley mordaza o la ley LGTBI.

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Representes del colectivo LGTIB en las escalinatas del parlamento / EFE

La legislatura de la moción de censura terminó de forma abrupta con el trabajo legislativo que se estaba llevando a cabo en el Congreso. Las comisiones parlamentarias trabajaban en ese momento en reformas que habían sido desbloqueadas por la Mesa de la Cámara Baja a raíz de un desencuentro entre el PP de Mariano Rajoy y Ciudadanos. Todas las iniciativas de corte social (sobre igualdad, ampliación y recuperación de derechos, cuidados, dependencia y dignidad...) que se estaban desarrollando decayeron con el adelanto electoral, a la espera de una legislatura estable que permitiera volver a impulsarlas.

Los resultados de las elecciones del 10 de noviembre han cambiado sobremanera el arco parlamentario. Las formaciones partidarias de las reformas (el denominado bloque de la moción de censura) siguen siendo mayoría en la Cámara, pero los movimientos que se han producido en el seno de la derecha dibuja un Parlamento totalmente distinto.

Vox es la tercera fuerza política con más escaños, precedida por un PP que tras la asunción del liderazgo por parte de Pablo Casado ha virado hacia posiciones más conservadoras tras el autodenominado "rearme ideológico" del partido. Además, tras los comicios del domingo, la izquierda ha retrocedido posiciones y ha perdido escaños, aunque sigue aventajando a la derecha en la Cámara.

En la XII Legislatura, presidida por Rajoy y por Pedro Sánchez, la mayoría de PP y Ciudadanos en la Mesa bloqueó el trámite de numerosas iniciativas sociales, como la reforma de la ley de mordaza. Con su desbloqueo, algunas comisiones se afanaron en agilizar sus trabajos para completar la tramitación de estas leyes en una legislatura que, ya a finales de 2018, comenzaba a apuntar hacia su fracaso.

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la ley de eutanasia, la ley de igualdad de trato y no discriminación, la ley de igualdad LGTBI o la aplicación de las medidas urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género terminaron por fracasar con el adelanto electoral. La mayoría de estas normas se tramitaban en la Comisión de Igualdad, cuyos miembros, con los primeros síntomas del fracaso de la legislatura, advirtieron de la necesidad de culminar el trámite de las reformas ante el ascenso de una extrema derecha que en ese momento solo se había institucionalizado en Andalucía.

Sin amplios consensos para ampliar derechos

La comisión habilitó el mes de enero (inhábil en cuanto a actividad parlamentaria) y acogió sesiones dobles (mañana y tarde) para agilizar las reformas. Sin embargo, la ausencia de consenso en materias como la ampliación de derechos a los colectivos LGTBI o sobre la mejor manera de reforzar el pacto de Estado contra la violencia machista imposibilitó que este empuje tuviera sus frutos.

A pesar de que al final de la XII Legislatura había una mayoría progresista (al menos en lo que respecta a las leyes antes mencionadas) en el Congreso, el consenso no fue en ningún caso fácil en las comisiones, que apenas pudieron avanzar por los desacuerdos en el mismo seno del bloque mayoritario. Uno de los objetivos de la ley LGTBI era el de obtener el mayor consenso posible del arco parlamentario, lo que pasaba necesariamente por intentar incluir al PP en el acuerdo, para tratar de dotarlo de estabilidad y para que la ley pudiera sobrevivir a los cambios en el Gobierno.

En el Congreso que saldrá del 10-N esto será todavía más difícil. Las posiciones de Vox respecto a temas como la violencia machista o la igualdad LGTBI no solo hacen, de entrada, prácticamente imposible un consenso amplio, sino que podrían dificultar una tramitación que ya demostró no ser fácil cuando la ultraderecha no tenía presencia en la Cámara Baja.

En este contexto, cobrará cierta relevancia la posición del PP, que pugna por el espacio conservador con los de Santiago Abascal. Desde su llegada a la presidencia del partido, Casado ha optado por ese "rearme ideológico" de la formación y por recuperar discursos duros contra cuestiones como el aborto o la Memoria Histórica, aunque optó por dejar en un segundo plano algunas de estas posiciones en la última campaña electoral. Habrá que esperar para ver la postura de los conservadores en los trabajos parlamentarios, alejados de los discursos y de los mítines de campaña.

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