La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha mostrado su rechazo más absoluto a las medidas anunciadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, para disuadir a las mujeres que no quieran continuar de forma voluntaria con su embarazo.

Estas "medidas pro vida", como las califica Vox, "suponen someter a las mujeres a una intolerable presión y a una humillación, que repudiamos y que supone una vulneración de las leyes como la autonomía del paciente, el derecho a la intimidad y el respeto a sus decisiones", explican con dureza desde la Asociación sanitaria nacional.

Este nuevo pulso al Gobierno central de la formación ultraderechista, que va en contra de la reforma de la ley del aborto que ha propuesto el Ejecutivo, ha sido rechazado en su totalidad por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que ha asegurado en un duro comunicado que "el sistema sanitario no está para servir como un mecanismo de represión ideológica sobre las mujeres".

Además, como muchos otros sanitarios, han querido subrayar que "no tiene ninguna lógica sobrecargar a la Atención Primaria con una actividad más, sobre todo si se tiene en cuenta que la demora media en AP es de 5,63 días en Castilla y León y que un 37,3% de los pacientes esperan más de 7 días para ser atendidos en este nivel asistencial. La Junta debería de preocuparse por solventar estas intolerables demoras y no en sobrecargarlos más", apuntan.

Garantizar los derechos de las mujeres

Por todas estas razones, la asociación exige "la retirada de estas medidas y llamamos a los profesionales sanitarios de AP en Castilla y León a ejercer su derecho a la objeción de conciencia y a no aplicar estas medidas, garantizando los derechos de las mujeres a ejercer su libre decisión sin presiones".

Hay que recordar que, además, el propio Gobierno central ha hecho un requerimiento formal al Ejecutivo de Castilla y León para que "se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)" ante el plan antiabortista de Juan García-Gallardo, asumido incluso por su presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco.

De esta forma, el Gobierno ha pedido a la Junta de Castilla y León que se abstenga de aprobar y aplicar medidas que vulneren o menoscaben lo establecido en la actual ley del aborto y ha advertido que en caso de haber sido ya adoptada, cese "de inmediato" de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca "cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación" al personal sanitario con la finalidad de "obligar" o "sugerir" a una mujer embarazada que no lleve a cabo su derecho a abortar.