MADRID.- Las cuatro asociaciones judiciales han difundido este miércoles un comunicado conjunto en el que acusan de "nepotismo y arbitrariedad" al Consejo General del Poder Judicial por no haber dado una explicación convincente a recientes nombramientos de familiares como altos cargos judiciales frente a otros candidatos.

El pleno del CGPJ rizó el rizo el pasado 27 de octubre, cuando eligió a Rafael Fernández de Paiz -hijo del vocal del CGPJ Rafael Fernández Valverde- como jefe del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial, dependiente del CGPJ.

El hijo del vocal fue elegido por el resto de vocales compañeros de su padre por una mayoría de 12 votos de un total de 19 que participaron en la votación. Contó con el apoyo de Carlos Lesmes, presidente de este órgano constitucional encargado de seleccionar, formar y disciplinar a los jueces.

El agraciado tiene una escasa trayectoria profesional, ya que ha ejercido como fiscal sólo 7 años, y salió elegido frente a los otros 23 candidatos entre los que se encontraba el magistrado de la Audiencia de Madrid Pascual Fabia Mir, que ocupa el puesto 763 del escalafón de la Carrera Judicial, o el catedrático Agustín Pérez-Cruz.

Fernández de Paiz, de 35 años de edad, dirigirá a partir de ahora la formación de los 5.000 jueces y magistrados ejercientes en España.

Previamente, el joven fiscal intentó ser profesor de la Escuela Judicial, en la sede de Barcelona, y Jefe de Sección de la Unidad de Apoyo a la Secretaría General. Al tercer intento, ha logrado la elección. Su padre se abstuvo en la votación.

El pasado mes de octubre el CGPJ eligió al fiscal Álvaro Mañas De Orduña -hijo de la actual pareja del exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce-, como letrado del Tribunal Supremo.

La Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente requieren que se disponga "con absoluta transparencia y exhaustiva motivación" la provisión de los cargos de nombramiento discrecional "en base a estrictas consideraciones de capacidad, idoneidad y méritos".

Las asociaciones expresan en su comunicado que carecen de elementos suficientes para referirse a la experiencia y mérito de los cargos designados si bien entienden que no existe una explicación "razonada y convincente" que despeje cualquier duda de "nepotismo y arbitrariedad" sobre los nombramientos, que han generado "críticas" procedentes de algunos sectores del ámbito judicial.

Arbitrariedad en España

"No podemos obviar una intensa preocupación por la imagen que se transmite a la opinión pública. Cualquier decisión del Órgano de Gobierno del Poder Judicial (particularmente los nombramientos para cargos de designación discrecional) debe ser explicada de modo que un espectador razonable y de buena fe la pueda comprender", expone la nota.

Las asociaciones recogen las últimas conclusiones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, creado en 1999 para monitorizar el cumplimiento de los estándares de la lucha contra la corrupción.

En un duro informe del pasado 1 de julio, Greco advierte que el CGPJ no está respetando los criterios de mérito y competencia para la elección de los altos cargos judiciales. Y recuerda a España que “las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados”. Además, deplora que“no haya habido ninguna reflexión ni ningún compromiso para reforzar la independencia del CGPJ”.

Es más, el Consejo de Europa no ha recibido el estudio al que se comprometió el Gobierno de Mariano Rajoy en el que se iba a analizar el efecto de la reforma por la cual los 20 vocales del CGPJ son elegidos ahora por los grupos parlamentarios. Esta reforma, de 2013, fue realizada con la asesoría de Carlos Lesmes.

Otros nombramientos polémicos

El comunicado de las asociaciones de jueces se producen en un contexto de crítica a otros nombramientos del CGPJ. Así, en marzo de 2015, este órgano constitucional eligió como  presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia a Miguel Pascual del Riquelme Herrero, que estaba a 1.160 puestos por debajo de la candidata Pilar Alonso Saura.  El Supremo anuló esta elección por falta de motivación, tras un recurso interpuesto por el sector crítico, pero el CGPJ volvió a nombrarlo, motivando su decisión.

En otro plano, también hubo polémica en una oposición convocada por el CGPJ en diciembre pasado para cubrir cinco plazas de letrado. Sólo se cubrieron dos plazas y las otras tres quedaron desiertas, a pesar de que 17 personas aprobaron el concurso, pero fueron descartadas en las pruebas adicionales. Los dos seleccionados son juristas de prestigio: el número uno de la oposición, Luis Javier Mieres, coincide que es yerno del vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, mientras que el número dos, Álvaro Jiménez Bueso, fue letrado del Gabinete del Supremo. Pero se trató de una dura oposición y no de un nombramiento discrecional como los anteriores.