El nuevo memorial de la Almudena instalado el pasado martes 17 de diciembre en el cementerio por el Ayuntamiento de Madrid en recuerdo de las personas que fueron fusiladas en Madrid entre 1936 y 1944 por los dos bandos, estableciendo así una equidistancia entre las personas fusiladas durante la posguerra, víctimas directas de la dictadura franquista, y las que fueron fusiladas durante la guerra, ha indignado a las asociaciones de Memoria Histórica, que acusan al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, de "destruir" el monumento original que reconocía a las víctimas del franquismo.

Para empezar, la Fiscalía General del Estado remitió ayer, miércoles, a la Fiscalía de Madrid la denuncia presentada por una asociación de Memoria Histórica para que se investigue al Ayuntamiento de Madrid y a su alcalde, José Luis Martínez Almeida, por el supuesto "manejo de fondos públicos" en relación al "desmantelamiento" del monumento original a las víctimas del franquismo en el Cementerio de La Almudena, creado por el artista Fernando Sánchez Castillo y la arquitecta Julia Chamorro Capa, y cuya primera intención era honrar a las víctimas del franquismo en la posguerra a partir de 1939.

La denuncia se refiere a la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar las placas con nombres de víctimas del franquismo del Memorial de la Almudena que fueron colocadas antes de la paralización de este proyecto.

En el memorial debían aparecer inscritos los nombres de al menos 2.937 personas ejecutadas en los primeros años de la dictadura franquista, en aplicación de "las sentencias de unos consejos de guerra carentes de las mínimas garantías procesales, incluyendo el más básico derecho a la defensa", según estos colectivos.

El colectivo considera que es "un deber ineludible de los distintos órganos municipales la defensa de los intereses de las arcas públicas y de la corporación" y con este acto, según recalcan, se ha producido "un daño de mayor gravedad al conjunto de los madrileños, por ello formulamos la presente denuncia, por un posible delito de prevaricación".