Esta semana se pone en marcha en la Audiencia Nacional otro capítulo de la serie que motivó la iniciativa del Gobierno para poner límite a la jurisdicción universal en España y evitar un conflicto diplomático con Israel. Así confirmó en enero su entonces ministra de Exteriores, Tzipi Livni, que se haría y así se ha hecho.

El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional revisará esta semana el recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez Fernando Andreu, con el magistrado Juan Francisco Martel como ponente, según la agencia Efe.

El juez Andreu decidió seguir investigando a Israel por un ataque a la franja de Gaza en julio de 2002, después de que los tribunales de aquel país dieran carpetazo al asunto. En el ataque en el territorio palestino murieron el líder de Hamás Salah Shehade, 14 civiles -la mayoría niños y bebés- y resultaron heridas más de 150 personas.

Por estos hechos, el pasado 29 de enero, Andreu imputó al ex ministro de Defensa israelí, Benjamín Ben-Eliezer, y a seis militares por un delito contra la humanidad con ataque 'desproporcionado'.

La revisión del recurso de la Fiscalía llega en plena polémica por la reforma legal que la semana pasada se aprobó en el Congreso y que limitará la actuación de la Audiencia sobre la jurisdicción universal.

Las tesis de la Fiscalía defienden que Israel 'tiene carácter preferente' para llevar a cabo la investigación sobre el ataque de Gaza. Ahora y de momento, según el Ministerio Público, los israelíes están 'conociendo los hechos' con la misma documentación que le fue entregada a Andreu por el Gobierno de Tel Aviv, previa petición del juez.

De triunfar los argumentos del fiscal general y conforme a la ley reformada, la Audiencia Nacional no tendría competencia para investigar el crimen de la Franja de Gaza. Porque entre los límites de los tribunales españoles para juzgar casos universales, está ahora el que haya un procedimiento abierto en otro país competente -Israel, en este caso-, que hará que el proceso español sea sobreseído.

Por otro lado, después de la votación conservadora y socialista en el Parlamento, la ley sólo contemplará que los jueces puedan abrir una causa penal cuando los responsables se encuentren en territorio español, existan víctimas españolas o se demuestre una 'conexión relevante' con España.

Al fin de la justicia universal en España, que se decretó el jueves pasado, se opuso con pesar y contundencia la minoría de izquierdas del arco parlamentario (ERC, IU-ICV, BNG y NaBai), pero también los magistrados de la Audiencia Nacional, responsables de aplicar esa jurisdicción universal.

El mismo día en que tal norma era cercenada en España, el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, aseguraba a Público que 'España ha renunciado al liderazgo que tenía en la lucha contra la impunidad en el mundo y ha pasado a ser un país más de los que han defraudado las esperanzas de las víctimas'.

Efectivamente, Garzón, uno de los jueces competentes para actuar conforme a esta ley universal, logró que España se convirtiera en un referente de los derechos humanos.

En febrero de 1997, el magistrado admitió a trámite la querella presentada en julio de 1996 contra el dictador Augusto Pinochet ante la Audiencia Nacional por los crímenes internacionales de genocidio, torturas y desapariciones cometidos durante su régimen militar en Chile. La culpabilidad de Pinochet fue reconocida y se procedió a su arresto domiciliario en 2000, hasta su muerte en 2006. Nunca fue juzgado debido a su mal estado de salud, pero España se convirtió en un país emblema contra la impunidad. Hasta hoy.