MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella por homicidio presentada contra el embajador de España, Emilio Pérez de Agreda, y su segundo en la delegación diplomática, Oriol Solá Pardel, por las faltas de medidas de seguridad que propiciaron el atentado registrado en la legación diplomática de 2015 en el que fallecieron dos agentes y otros siete resultaron heridos.

Los policías tenían como protección garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera. Estaban rodeados de señores de la guerra. El embajador vive en la zona 'verde',
de alta seguridad

La querella ha sido interpuesta por homicidio imprudente por la viuda y los hijos menores de Jorge García Tudela, subinspector de policía fallecido en dicho atentado talibán,  ocurrido el 11 de diciembre de 2015, junto al policía Isidro Gabino Sanmartín Hernández. También se querellan contra ambos diplomáticos los siete agentes que resultaron heridos en el ataque a la embajada.

En el auto, Santiago Pedraz relata que el 11 de diciembre de 2015 la embajada de España en Kabul fue alertada por el servicio secreto francés del riesgo de atentado "lo que debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas de seguridad, y que hubiera evitado" el atentado que ocurrió esa misma tarde, cuando un coche bomba hizo explosión contra los muros de la legación española y tres talibanes armados se introdujeron en el hueco abierto en la pared.

El juez Pedraz investigará a Pérez de Agreda y Solá Pardel, además, por las carencias de seguridad denunciadas desde el inicio de la construcción de la Embajada en Kabul, capital de Afganistán,  en el año 2008, "deficiencias que se comunicaron al embajador y Ministerio de Exteriores".
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La investigación se abre para determinar la responsabilidad penal de ambos diplomáticos. En concreto si cometieron un homicidio imprudente -el del esposo y padre de los menores querellados-, así como otros siete intentos de homicidio imprudente pos los siete policías que quedaron heridos y que también se han querellado. Además, fallecieron en el ataque diez personas afganas que velaban por la seguridad de la embajada en un largo combate que finalizó cuando los asaltantes fueron abatidos por fuerzas norteamericanas.

Garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera

Según la querella, a pesar de las recomendaciones y peticiones de mayor seguridad de la sede diplomática, se denuncia que el embajador “nunca las atendió: ni sobre las deficiencias de estructuras ni las rutas y horarios del personal, manteniendo un mutismo absoluto ante el Ministerio del que depende pese a los informes del Cuerpo de Seguridad en la materia”.

Las instalaciones donde se produjo el ataque tenían garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera, según relata la querella, por lo que no eran las adecuadas en Afganistán. "Sólo una partida de 5.000 euros en el año 2011, que resultó insuficiente, permitió cambiar las puertas de madera por latón".

El embajador vivía en la zona de alta seguridad

Las medidas de seguridad no mejoraron, pues el edificio principal "seguía sin cumplir el perímetro de seguridad de la calle" y se encontraba fuera de la zona de seguridad de Kabul, "rodeado de casas de militares y de señores de la guerra".

Por el contrario, el domicilio del embajador Pérez de Agreda, sí se encuentra en la conocida como 'zona verde' de alta seguridad. "Ya el primer embajador se negó a vivir en la embajada por el peligro que suponía", expone la querella.

El 11 de diciembre de 2015, Pérez de Ágreda estaba de vacaciones en España y quedó como encargado y máximo responsable de la embajada Oriol Solá Pardel, que “tampoco respetaba ninguna medida de seguridad. Más al contrario ponía constantemente en riesgo la seguridad del edificio”, permitiendo el trasiego de mercaderes que paseaban por la embajada, sin avisar con tiempo suficiente a los equipos de custodia y seguridad para la identificación de personas y cosas. El segundo de la embajada consentía la entrada de coches, furgonetas y camiones con joyas, alfombras y otros enseres.

Santiago Pedraz admite a trámite la querella porque los hechos relatados “tienen una primera apariencia de infracción penal” y son competencia "evidente" de la Audiencia Nacional, pues fueron cometidos por españoles en el extranjero.

El juez acuerda incorporar a las actuaciones judiciales las diligencias de investigación penal abiertas en su día por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La viuda y los hijos del policía García Tudela exigen que los ministerios de Interior y de Asuntos Exteriores asumen la responsabilidad civil del atentado. Por ello, el magistrado acuerda notificar este auto a la Abogacía del Estado por si pretende personarse en defensa de los intereses del Estado desde el inicio de la instrucción, al objeto de no causarle indefensión en el caso de que se declarara la responsabilidad civil de Interior o Asuntos Exteriores, tal y como solicitan las víctimas y la familia de uno de los fallecidos.