La Audiencia Nacional allana el camino para demoler el Algarrobico

Dos sentencias de la Audiencia Nacional allanarán, si termina por confirmarlas el Supremo, la demolición del hotel El Algarrobico, símbolo del urbanismo salvaje, que podría hacerse sin tener que pagar una indemnización a la empresa Azata, promotora de la construcción, una mole de hormigón y acero en una playa del Parque Natural del Cabo de Gata, en el Mediterráneo.

En la más reciente, a la que ha tenido acceso Público, la Audiencia tumba el recurso de la empresa contra resoluciones respectivas del Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras que habían rechazado la petición de indemnización que le reclamaba Azata. "No ha resultado acreditado que los perjuicios económicos reclamados por Azata deriven, directa ni indirectamente, de acción u omisión alguna imputable a las Administraciones", se puede leer en la sentencia.

La empresa considera que las administraciones actuaron de forma "incorrecta, lenta y descoordinada" durante la tramitación del expediente que derivó en la construcción del hotel y que en el camino se modificó la protección, la franja de litoral en la que se podía edificar.

La Audiencia, aunque le da la razón a la compañía en la cuestión de la lentitud de las administraciones, afirma que "cuando Azata compró, en el año 1999, los terrenos pudo advertir que debía acomodar" la construcción a los 100 metros de protección y no a los 20, como siempre ha considerado la empresa.

La Audiencia añade que, cuando Azata inicia las obras ignoró esos 100 metros "en todos sus escritos" y que existía un Plan de Ordenación del Cabo de Gata que protegía los terrenos. Los magistrados hacen suyo un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, de marzo de 2017, en el que se recoge además lo siguiente: "La licencia [de obras] no se ajustaba a la legalidad, si bien los promotores, con un deslinde ya en curso, prefirieron no darse por enterados y materializar una edificación en un claro gesto de política de hechos consumados, de cuya conducta se infiere que han de soportar el daño derivado por incumplir manifiestamente la Ley, no procediendo indemnización sino la demolición de lo ilegalmente construido".

El Gobierno andaluz quiere demoler el hotel y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), afirmó que las sentencias de la Audiencia suponen "un paso más para llegar a ese objetivo. "La demolición del hotel es un compromiso del presidente de la Junta [Juanma Moreno] y será efectivo cuando tengamos todas las garantías jurídicas".

Dos vías

Hay dos vías principales para lograr el derribo, según las fuentes jurídicas consultadas por Público. Por un lado, que la Junta se haga con los terrenos y, una vez que sean suyos, demuela. Para ello, la administración autonómica puso en marcha a finales del año pasado, según anunció la consejera de Medio Ambiente, Carmen Crespo (PP), un pleito civil para lograr inscribir a su nombre en el registro de la propiedad las fincas en las que está el hotel. Una vez logrado esto, en teoría, según las fuentes jurídicas, puede derribar. En el año 2017, el Gobierno andaluz ganó en el Supremo el retracto, la compra de las fincas, –por el que pagó 2,3 millones de euros en 2006, cuando gobernaba Manuel Chaves–.

La otra vía es que el Tribunal Superior de Justicia acepte un recurso de Greenpeace en el que se reclama que se abra un expediente de demolición.

La construcción, paralización e intensos de demolición del hotel el Algarrobico, de 21 plantas y 411 habitaciones, se ha convertido en una auténtica maraña judicial desde que el Ayuntamiento de Carboneras concedió en el año 2003 una licencia de obras a la promotora Azata para su edificación.

Por el camino, se han sucedido –además de una falsificación de planos en la delegación de la Junta en Almería que abrió la puerta a la concesión de la licencia municipal, que la Fiscalía archivó por prescripción, no porque no hubiera delito– como mínimo 21 sentencias de diversos tribunales –Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contencioso-administrativo de Almería– que han resuelto recursos de todo tipo.

El resumen –según las fuentes jurídicas consultadas y de la lectura de las sentencias– del periplo judicial tiene tintes surrealistas: se podría decir que los tribunales han sentenciado que los promotores obtuvieron una licencia legal en una zona ilegal, protegida, en la que no se podían dar licencias. Y que el terreno donde se asienta el hotel pertenece a la Junta de Andalucía, pero aún no es de la Junta hasta que otro tribunal más lo certifique.