La Audiencia Nacional avala la intervención del encuentro en prisión de Villarejo y Vox previo a su comparecencia en la comisión 'Kitchen'

La Audiencia Nacional ha avalado la decisión de Instituciones Penitenciarias de intervenir el encuentro en prisión que mantuvo el comisario jubilado José Manuel Villarejo y varios representantes de Vox encabezados por Macarena Olona. La cita se celebró en febrero, antes de su puesta en libertad provisional del expolicía y como preparativo de su declaración en la comisión 'Kitchen' del Congreso de los Diputados.

En un auto con fecha de 18 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal desestiman la apelación planteada por Villarejo al recordar que la confidencialidad abogado-cliente "quiebra" en el momento en el que, estando en prisión, decide entrevistarse además con Vox para tratar asuntos extraprocesales.

La entrevista se celebró el pasado 19 de febrero en la prisión de Estremera, donde estaba interno Villarejo de forma preventiva, y estuvo rodeada de polémica por las quejas tanto de este comisario como de Macarena Olona -que convocó a la prensa- por las condiciones impuestas por Instituciones Penitenciarias, con el visto bueno del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Decae la confidencialidad

"La entrevista del apelante con los parlamentarios del Grupo Vox no participa de la confidencialidad que preside las comunicaciones entre el abogado y su cliente a pesar de que también esté presente el letrado, y ello porque no es una comunicación entre el letrado y su cliente al participar un tercero ajeno", resuelven los magistrados.

La Sala se refiere al hecho de que Villarejo alegue que su intención era preparar su comparecencia ante la comisión 'Kitchen' del Congreso de los Diputados, lo que ocurrió este pasado jueves con la decisión en paralelo del juez instructor del 'caso Tándem' de volver a citar a este comisario jubilado -y el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez--debido a las revelaciones de que intercambió mensajes con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Los magistrados advertían en su escrito de que de la comparecencia de Villarejo en el Congreso "podrían desprenderse datos o circunstancias de relevancia en el proceso judicial que podrían incidir en su estatus de investigado". Recuerdan que "siendo así no habría existido ningún inconveniente para que el apelante y su abogado se hubieran entrevistado de forma reservada y al margen de la intervención de comunicaciones".

"Ahora bien", matizan los magistrados, "tal entrevista sería una comunicación de distinta naturaleza a la que tuvo lugar con los parlamentarios del Grupo Vox". Macarena Olona convocó a la prensa a las puertas de la prisión de Estremera y aseguró, entre otras cosas, que Villarejo les había dicho que PP, PSOE y Podemos habían enviado emisarios supuestamente para pactar su silencio.

Pidió sala de autoridades

El abogado del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo había solicitado un espacio del centro penitenciario de Estremera "destinado a autoridades" y distinto al de un locutorio, rechazando, además, que la conversación fuera intervenida por la cárcel dentro de las medidas de seguridad que rigen sobre el interno.

Por deseo de Macarena Olona, el abogado había trasladado que "bajo ningún concepto pueden intervenirse las comunicaciones" ni limitar el derecho de los diputados que querían acceder a la sala y grabar el encuentro por sus propios medios.

Entonces fue la juez de Vigilancia Penitenciaria María de los Reyes Jimeno Gutiérrez la que calificó como "razonable" las medidas impuestas por la institución dependiente del Ministerio del Interior en lo referente al número de participantes, teniendo en cuenta las medidas frente a la covid-19.

La magistrada estimó parcialmente la queja de Villarejo en lo referente a la posibilidad de que su abogado participe del encuentro con dirigentes de Vox, pero manteniendo la intervención de las comunicaciones en virtud del artículo 51.1 del Reglamento Penitenciario, por decisión del director de Madrid VII-Estremera y con el respaldo del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.