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LAS CLOACAS DE INTERIOR

La Audiencia Nacional desestima la petición de Alfredo Prada y confirma que será juzgado por el Campus de la Justicia

El que fuera consejero de Interior y Justicia de Esperanza Aguirre no se librará del juicio en su contra por presuntos delitos de prevaricación y malversación, pese a que ha intentado el sobreseimiento alegando que la investigación judicial ha estado dirigida para incriminarle. La Fiscalía pide ocho años de prisión para Alfredo Prada.

El exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia madrileño Alfredo Prada. / EFE
El ex vicepresidente segundo y exconsejero de Justicia madrileño Alfredo Prada. / EFE.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado los indicios para juzgar al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del conocido como Campus de la Justicia de Madrid. La Fiscalía pide ocho años para Prada por diversos delitos de corrupción relacionados con el proyecto estrella del Gobierno regional de Esperanza Aguirre.

En un auto, los magistrados de la Sección Cuarta desestiman el recurso de apelación presentado por la defensa de Prada contra el auto de transformación  a procedimiento abreviado dictado por el juez instructor José de la Mata el pasado 12 de noviembre. En su escrito, el exconsejero solicitaba el sobreseimiento de las actuaciones y la prescripción de los hechos, argumentando que no existe fundamentación que vincule los hechos con las personas investigadas, que la instrucción no está terminada, así como que se ha llevado a cabo una investigación y búsqueda prospectiva de indicios criminales contra algunos de los investigados. 

La Sala considera que la resolución recurrida, como indica la Fiscalía, es plenamente ajustada a derecho, puesto que contiene un extenso relato de hechos con relevancia penal atribuidos a los investigados y una calificación jurídica provisional de los hechos, "como no podía ser de otra forma, por lo que sin duda cumple con creces con las previsiones legales".

En cuanto a la falta de la práctica de pruebas alegada por el recurrente, como la declaración de Norman Foster, el Tribunal señala que, aunque no se llevó a cabo, sí se practicaron otras testificales que "sin duda, no han impedido al instructor realizar la valoración necesaria y exclusiva a efecto del dictado de la resolución que nos ocupa". En este sentido, la Sala apunta que se desconoce lo ocurrido con la Comisión Rogatoria a Suiza, pero considera que la agilización y el discurrir del procedimiento no debe "ni mucho menos" correr paralela a la práctica de una determinada diligencia, salvo que sea única o esencial, cosa que no ocurre en este caso.

Respecto a los indicios de criminalidad existentes, la Audiencia explica que la resolución del juez De la Mata detalla las facultades de Prada en función de los cargos desempañados, los contratos suscritos y las instrucciones dadas. "La participación del señor Prada en los hechos delictivos que nos ocupan se infieren de las declaraciones testificales, informes técnicos y documentos obrantes en las actuaciones". 

La Sala se pronuncia también respecto a la prescripción alegada por la defensa de Prada, los magistrados señalan que se trata de una secuencia de actos y contratos desde el año 2005 al 2008, lo que determina que el plazo de prescripción se establezca en quince años, "lo que obviamente no ha sido alcanzado", puesto que, como dice la resolución del instructor, se trata de un supuesto de continuidad delictiva. 

Según el juez instructor, la sociedad pública Ciudad de la Justicia de Madrid no siguió criterios de racionalidad económicos-administrativos, incluso hubo directivos que se subieron el sueldo hasta un 80% una vez que la sociedad se declaró en quiebra. La Cámara de Cuentas de Madrid detectó graves irregularidades en materia de contratación pública y en el uso de tarjetas de crédito asociadas a la empresa. La empresa pública se constituyó en 2005 para desarrollar y ejecutar el proyecto de Campus de la Justicia de Madrid, que tenía por finalidad construir un complejo de 14 edificios en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Finalmente no se acabó y quedó en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.

Otro de los investigados en esta causa es el policía Andrés Gómez Gordo, también imputado en el caso 'Tándem' o caso 'Villarejo' que fue director del área de Seguridad del Campus de la Justicia. El juez de la Audiencia Nacional le acusa ahora de amañar presuntamente tres contratos relacionados con la seguridad de la Ciudad de la Justicia de Madrid. Gómez Nieto fue también asesor de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en su etapa en el gobierno de Castilla La Mancha.

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