La Audiencia Nacional ha ordenado al juez reabrir la causa contra los dos mossos d'esquadra, el historiador Josep Lluís Alay y el empresario gerundense Josep María Matamala, que acompañaban a Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, al entender que sí sabían que el expresidente catalán estaba en el extranjero.

En un auto, la sección tercera estima el recurso de la Fiscalía contra el sobreseimiento de la causa acordado por el anterior instructor, Diego de Egea, respecto de los cuatro, que vuelven a estar así imputados de un delito de encubrimiento de rebelión.

Cree la sala que los investigados necesariamente tuvieron que conocer la situación de huido de la Justicia del expresidente catalán cuando le acompañaron en su viaje en automóvil desde Estocolmo (Suecia) hasta Alemania, donde fue detenido el 25 de marzo de 2018 en cumplimiento de una euroorden cursada por el juez del Supremo instructor del "procés", Pablo Llarena.

De Egea acordó levantarles la imputación con el argumento de que no sabían que se había reactivado dos días antes la orden de detención contra Puigdemont, pero la Fiscalía recurrió alegando que era conocido que el expresidente y otros miembros de su gobierno estaban siendo investigados por rebelión y no habían comparecido ante el juez en España.

La sala da ahora la razón al ministerio fiscal y afirma que "en esa situación de huido de la justicia española que necesariamente tuvo que ser conocida por todos los investigados en esta causa, toda contribución con el señor Puigdemont para que siguiera eludiendo su enjuiciamiento en España presenta, al menos inicialmente en esta fase de instrucción, indicios suficientes de la comisión del delito de encubrimiento imputado".

Además, destaca "el inusual trayecto que se prestaron a realizar todos los investigados" desde Estocolmo para hacer más de 2.000 kilómetros en automóvil, indicativo "de la finalidad que perseguían: dificultar la posible detención del señor Puigdemont en su regreso a Bélgica".

"Es difícil -añaden- imaginar otro motivo para la realización de un viaje tan prolongado, incómodo e incluso arriesgado, cuando estaban a la disposición de todos ellos sistemas más rápidos, cómodos y seguros".

La sección tercera, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, concluye que la actuación del empresario, del historiador y de los dos mossos, que estaban de permiso esos días, iba dirigida a evitar que otros países diferentes a Bélgica, donde residía Puigdemont, pudieran consentir su entrega a la Justicia española.

Para los jueces, las alegaciones de sus defensas de que le acompañaban a Puigdemont para que se pusiera a disposición de la Justicia belga "refuerzan esos indicios de la consciente colaboración de los investigados para este auxilio constitutivo del delito de encubrimiento".