El titular del Juzgado Central de Instrucción 4, José Luis Calama, ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado en el que propone juzgar a 24 personas, entre ellas dos exalcaldes de las localidades madrileñas de Chinchón y Velilla de San Antonio y siete funcionarios de otros tantos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por fraccionar contratos para adjudicar obras pequeñas a la empresa Efial Consultoría S.L.

Esta mercantil, creada y dirigida por Antonio Martos, estuvo implicada en el famoso caso del 3 % en Catalunya. Los hechos por los que de nuevo ha sido investigada encajan en el delito de prevaricación administrativa. 

El magistrado pone fin a esta investigación que inició en 2013 un juzgado de Vendrell (Tarragona), a raíz de una denuncia de fiscalía en relación a posibles irregularidades cometidas en la contratación pública del Ayuntamiento de Torredembarra, epicentro del caso de corrupción del 3%.

El juzgado de Vendrell apreció la existencia de un mecanismo fraudulento realizado por la empresa Efial Consultoría SL en numerosos ayuntamientos de España y envió esta parte de su investigación a la Audiencia Nacional. 

El Juzgado Central 4 abrió tres piezas separadas y ahora finaliza la investigación de la pieza que afecta a los ayuntamientos madrileños de Chinchón, Collado Villalba, Getafe, Velilla de San Antonio, Meco, Móstoles y Torrejón de Ardoz. El magistrado acuerda el sobreseimiento en relación con las operaciones que se investigaban en el ayuntamiento de Arganda del Rey. 

El auto explica que del desarrollo de la investigación ha quedado acreditada la existencia de un mecanismo fraudulento que versa fundamentalmente en eludir los controles legales en la adjudicación de concursos y contratos públicos en los siete ayuntamientos investigados. 

Así, apunta que los investigados de Efial -que pasó a llamarse Consultoría en Gestión Innovadora S.L. (CGI)-- asumieron tareas propias de los funcionarios públicos, hasta el punto de participar ilegalmente en los procesos de concurso oposición, actuando como asesores propuestos por el alcalde y facturando por elaborar las bases de los concursos. 

El auto detalla el modus operandi que en muchos casos consistía en crear empresas municipales públicas en donde "Efial creaba y/o gestionaba una entidad Pública empresarial, aparentemente vacía de capacidad ejecutiva, facilitando la elisión del control administrativo y relaja el grado de sometimiento a la normativa de contratación pública, dando lugar a que el cargo de gerente en la referida mercantil, sea también el mismo gerente de la empresa pública". 

Los hechos encajan, según el juez, en un delito de prevaricación administrativa en cuanto que los investigados fraccionaban los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y no superar los 18.000 euros para no superar el límite del contrato menor.