La Audiencia Nacional rechaza que la Generalitat actúe como acusación en el 'caso Pegasus'

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la Generalitat de Catalunya de personarse como acusación en la investigación abierta del caso Pegasus. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 afirma en un auto que no existe "habilitación legislativa específica para que las personas jurídicas públicas", como es el caso del Govern, puedan ejercer la acción popular.

"La falta de legitimación de la Generalitat de Catalunya para personarse en las presentes actuaciones en la referida calidad aparece de forma meridianamente clara", dado que dicha opción tiene que estar recogida en un "concreto precepto de ley", indica el juez. Y añade, en línea con lo expuesto con la Fiscalía, que "la acción pública para su ejercicio en el procedimiento penal corresponde en exclusiva al Ministerio Fiscal".

Para adoptar esta decisión, el juez ha recogido la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo al respecto que establece que el sistema general de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) no permite inferir que las entidades públicas puedan ejercer como acusación popular.

El auto, que puede ser recurrido ante el propio juez y ante la Sala de lo Penal, descarta asimismo que dicha legitimación pueda sustentarse en la normativa autonómica que invoca la Generalitat en su petición ante el juzgado.

Esta investigación se abrió a raíz de una denuncia de la Abogacía del Estado y, aunque en un principio sólo se ceñía a la infección con la herramienta Pegasus de los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, la semana pasada el juez extendió las investigaciones al supuesto espionaje a los ministros del Interior y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente. Las pesquisas se mantienen bajo secreto.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, fue también espiado por el sistema israelí de ciberespionaje. Según desveló The New Yorker, más de 60 teléfonos de políticos, abogados y activistas catalanes fueron intervenidos, entre los que están los expresidentes Quim Torra y Artur Mas o colaboradores del expresidente Carles Puigdemont, como su abogado Gonzalo Boye. También habrían sido espiados con el mismo sistema dirigentes independentistas vascos como Arnaldo Otegi.