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Caso máster Cifuentes se sentará en el banquillo por el máster tras el rechazo de su último recurso

La estrategia de defensa de la expresidenta madrileña se basará en apuntar a la Universidad Rey Juan Carlos.

Cristina Cifuentes, en una imagen de archivo. EFE / EMILIO NARANJO

EFE

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la celebración de juicio por el caso Máster contra Cristina Cifuentes al desestimar el recurso que interpuso la expresidenta de la Comunidad de Madrid, ya que considera que “exhibió públicamente el documento inveraz que había inducido a confeccionar".

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), los magistrados de la Sección 16 rechazan su apelación y la de otros dos investigados -Enrique Álvarez Conde y Teresa Feito- contra la decisión del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado por un presunto delito de falsificación de documentos públicos.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid se sentará así en el banquillo pese a que insiste en que no tuvo nada que ver con la falsificación del acta de su trabajo de fin de máster. Su estrategia de defensa se basará en apuntar a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid como el órgano que facilitó el documento y a quien se le presupone veracidad.

Una teoría a la que no podrá responder el director del máster de Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, que falleció el pasado 1 de abril debido a un cáncer de pulmón. La Sala no se pronuncia respecto de otros dos recursos formulados por Álvarez Conde al haberse declarado extinguida su responsabilidad criminal tras su reciente fallecimiento.

La defensa de Cifuentes

En su escrito de defensa, Cifuentes aseguraba que nunca "indujo", "ordenó, "encargó" o "participó en modo alguno" en la presunta falsificación del acta que supuestamente debía acreditar que había entregado el trabajo final de su máster (TFM) cuando estalló el caso de las supuestas irregularidades del mismo, el pasado 21 de marzo.

Una versión que no concuerda con la de la Fiscalía, que pide 3 años y 3 meses para ella por falsedad documental y que la acusa de inducir a esa falsificación a sabiendas de que acreditaba una defensa de TFM que "jamás se produjo" y de exhibirla en varios medios "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

Pero la expresidenta madrileña asegura que quien facilitó el acta es el Gabinete del Rector de la URJC "respecto del que se produce una presunción -desde un plano académico- de veracidad" y que cuando ella la exhibió, "desconocía que la misma hubiera sido falsificada".

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