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Las autonomías afrontan sus terceras elecciones con un sistema de financiación caduco

La modificación comprometida también por el Gobierno de coalición está abocada a no llevarse a cabo ante la pretensión de posponer este debate al próximo periodo político.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, en un encuentro en Madrid. EFE
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, en un encuentro en Madrid. EFE

El actual sistema de financiación autonómica data de 2009. En este régimen común participan hasta 15 comunidades (todas excepto Euskadi y Navarra, que cuentan con su propio sistema de cupo, en el que ellos recaudan y luego aportan una cantidad al Estado). Pese a que estaba previsto evaluarse en 2014, su reforma sigue sin acometerse 14 años después.

Por tanto, las autonomías afrontan sus terceras elecciones (2015, 2019 y 2023) con un modelo de financiación caduco toda vez que la modificación comprometida por el Gobierno de coalición está abocada a no llevarse a cabo, pues la legislatura encara ya sus últimos compases con escasos avances en esta materia.

Se da el caso de que tres de las cuatro comunidades de régimen común infrafinanciadas (Murcia, País Valencià, Andalucía y Castilla-La Mancha) celebran su cita con las urnas el próximo 28 de mayo (Andalucía hizo lo propio el pasado mes de junio), por lo que esta cuestión no es ajena a la precampaña.

En este marco, desde la Generalitat valenciana y quienes aspiran a liderarla dentro de pocos días, se ha vuelto a agitar la bandera para poner fin a un sistema desfasado. El actual presidente, el socialista Ximo Puig, ha rebajado en los últimos meses la presión sobre Madrid, con su compañero de filas Pedro Sánchez al frente, en torno a esta cuestión.

Sin embargo, el candidato de Compromís, Joan Baldoví, ha elevado el tono en sus reivindicaciones tras una legislatura llevando la voz sobre este asunto al Congreso. La última vez que lo hizo, el pasado 29 de marzo en un Pleno, vio cómo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó definitivamente esta cuestión a la siguiente legislatura.

En cualquier caso, desde Hacienda celebran que el Ejecutivo ha transferido "los mayores recursos de la historia", un 40% más respecto a los gobiernos de Mariano Rajoy. En total, se han repartido "unos 178.000 millones de euros más", según remarcó la ministra hace unos meses.

Por su parte, el secretario de Hacienda valenciano, Francesc Gamero,
cuestiona que "se ha hecho una financiación extra, pero a cambio de aumentar la deuda pública, por lo que más parte del presupuesto estará destinado a pagar la deuda". "El margen se cierra y encima hay que dar salida a la deuda de la financiación", añade en unas declaraciones a este medio.

Estas cuatro regiones golpeadas por un índice de financiación por debajo de la media han reclamado al Ejecutivo un fondo de compensación mientras se reforma el sistema de financiación autonómica.

"No hubiera costado nada dedicar gran parte de los fondos a estas comunidades [al menos a las más infrafinanciadas: Murcia y País Valencià] y las acercara a la media. Hubiera sido positivo", explica Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación autonómica.

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) critica que ni los anteriores gobiernos del PP ni el actual del PSOE y Unidas Podemos hayan dado pasos en adelante, ya que esta cuestión afecta a los ejecutivos autonómicos liderados por la derecha y la izquierda.

Sobre si el resultado de este ciclo electoral puede influir en una futura reforma, De la Fuentes recalca que "esto no depende de quién esté en Moncloa", pues la prioridad es cambiar el punto de partida. "La forma lógica empieza por una negociación entre los grandes partidos, con una perspectiva nacional, en ponerse de acuerdo en lo razonable para todos y lo más eficiente".

"Pero las comunidades no pueden vetar las posibilidades de un acuerdo, que debe aprobarse en el Parlamento, que para eso está", añade acerca de un debate abordado durante años desde la disputa constante entre las comunidades que recaudan más y las que recaudan menos, con el conflicto independista catalán y las acusaciones de dumping fiscal en la Comunidad de Madrid de fondo. 

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