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Ayuntamiento de Madrid El TSJM frena el acuerdo de Carmena que mejora las condiciones de los empleados públicos 

La Delegación del Gobierno en Madrid, representada por la Abogacía del Estado, había solicitado en un recurso la suspensión de dicho pacto al entender que "comprometía cuantías económicas para gastos de personal adicionales y suplementarios a los incrementos retributivos establecidos en la Ley de PGE para 2017".

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Manuela Carmena en la firma del acuerdo sobre la clasificación y ordenación del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autonómicos. AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado suspender de manera cautelar el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid con los sindicatos para equiparar al personal laboral con los funcionarios. Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal madrileño en un auto fechado el 12 de enero y contra el que cabe presentar recurso de reposición.

El pasado 29 de junio, el Gobierno local de Manuela Carmena firmó un acuerdo con los cuatro sindicatos mayoritarios en el Consistorio. El pacto, que beneficiaría a más de 4.000 trabajadores, culminaba el proceso de clasificación del personal laboral municipal tras más de diez años de negociaciones. 

La Delegación del Gobierno en Madrid, representada por la Abogacía del Estado, había solicitado en un recurso la suspensión de dicho acuerdo al entender que "comprometía cuantías económicas para gastos de personal adicionales y suplementarios a los incrementos retributivos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017".

En este sentido, el recurso fundamentaba que la ejecución de dicho pacto "ocasionaría perjuicios de muy difícil reparación y perjudicaría a los intereses generales del Estado".

Previamente, la Delegación del Gobierno emitió el pasado 26 de octubre un requerimiento de anulación al considerar que la medida incumple el límite máximo de incremento de la masa salarial (un 1%) que establece la Ley de PGE de 2017. El Ayuntamiento de Carmena rechazó este planteamiento, pues alega que la propia Ley de PGE establece excepciones a este límite, siempre y cuando "se trate de adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo", según explicaron fuentes del Consistorio madrileño a Público

El pacto "no respeta la legislación estatal básica"

El TSJM entiende que en este caso el ordenamiento jurídico versa en favor de la legislación estatal básica, recogida en el artículo 21 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Dicho artículo establece que "no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal". Luego añade que los presupuestos generales establece que las retribuciones del personal de servicio del sector público "no podrán experimentar un incremento global superior al 1%" respecto a 2016.

"Si bien la actuación administrativa impugnada en el presente recurso no constituye un acto de ejecución presupuestaria propiamente dicha, no es menos cierto que constituye la ordenación previa a aquella y se encuentra en el umbral o la antesala de la misma. Prima Facie y sin prejuzgar sobre el objeto del recurso principal, parece que es contraria a los intereses generales que deben prevalecer frente a los particulares del personal de servicio del Ayuntamiento de Madrid", ha apostillado.

Además, la sala establece que "basta con leer la literalidad del anexo del acuerdo impugnado para entender que no respeta la legislación estatal básica, ya que comienza diciendo 'con independencia de los incrementos retributivos que se contengan en las correspondientes Leyes de Presupuestos...', frase que sin lugar a dudas implica una actuación al margen de las restricciones contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado". Por tanto, acuerda "proceder a acordar la medida cautelar".

Doble rasero del Gobierno

El Gerente de la Ciudad, Eloy Cuéllar, lamentó el pasado 19 de enero que sea una tendencia la "judicialización de la vida administrativa". "Delegación de Gobierno no actúa con el mismo criterio con la Comunidad y eso desprestigia a lo público y perjudica a los empleados del Ayuntamiento", criticó en comisión municipal.

En la misma línea, el socialista Ramón Silva explicó que la oposición a los procesos no viene de la relación Gobierno-sindicatos sino "del PP a través de Delegación de Gobierno", en la forma de estos recursos. "Esa suerte no la tiene la Comunidad, que firma pactos similares pero no les pasa nada, curiosamente nadie los recurre", señaló irónicamente.

A su vez, el concejal del PP Luis Miguel Boto quiso puntualizar que "son los jueces" los que suspenden acuerdos, "no el PP, que tiene su opinión".

Los sindicatos denuncian la actitud "partidista"

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en el Ayuntamiento de Madrid han criticado la suspensión cuatelar decretada a dicho pacto y tildan de "acoso" la actitud "partidista" de Delegación de Gobierno con su recurso.

En un comunicado conjunto, las secciones sindicales de estas organizaciones en el Ayuntamiento avanzan su intención de convocar una concentración de sus respectivos delegados el próximo 2 de febrero ante la sede de Delegación de Gobierno y también una Asamblea General de Trabajadores del Consistorio para el día 7 del mes que viene.

Así, los sindicatos exponen que las medidas cautelares acordadas conllevan "graves consecuencias" y que esos fondos se iban a dedicar a la equiparación salarial. "Pretenden llevarnos al desastre", recalcan estas centrales sindicales.

A su vez, censuran el "celo inusitado contra los acuerdos que se derivan de la legítima negociación colectiva en el Ayuntamiento" y ven una "actuación persecutoria" de una administración sobre otra "que nada tiene que ver con la situación financiera".

En este sentido, aprecia "motivaciones ideológicas" y "cálculos partidistas" en el recurso de Delegación de Gobierno que resulta para "inaceptable desde el punto de vista democrático" para las secciones de CCOO, UGT y CSIF en el Consistorio.

Además, cree que "no se utiliza la misma vara de medir" según la administración que se trate y expone que se van a destinar 1.500 millones de euros para la equiparación salarial de los Cuerpos de Seguridad y 25 millones, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de la Carrera Profesional.

"Es impresentable que acuerdos con todas las garantías derivados de la Negociación Colectiva sean suspendidos de esta forma", zanjan las tres organizaciones sindicales.

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