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Ayuntamientos del cambio afean al Gobierno su parálisis en la lucha por la justicia para las víctimas del franquismo 

La Red de Ciudades por la Memoria y la Justicia, que integra a consistorios como Barcelona, Pamplona o Madrid, celebra una jornada en el Congreso de los Diputados en la que insta al Ejecutivo a eliminar o modificar la Ley de Amnistía y a introducir el principio de legalidad internacional en el Código Penal. 

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Víctimas de la dictadura junto a miembros de la Red de Ciudades por la Memoria y la Justicia y del intergrupo por la Memoria y la Justicia del Congreso y del Parlamento Europeo.- A.T.

"Ha sido un año perdido". Así ha resumido el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, la labor del Gobierno de Pedro Sánchez en la lucha por la justicia para las víctimas de la dictadura franquista. Asens, de hecho, ha instado al Gobierno a "juzgar o a extraditar" a los responsables franquistas que están imputados en Argentina por crímenes de lesa humanidad. "Hay crímenes que no se pueden enterrar en las cunetas del olvido", ha insistido. 

Estas declaraciones se han producido al término de la jornada Las ciudades, punta de lanza contra la impunidad franquista, que se ha celebrado este martes en el Congreso de los Diputados y que ha estado organizada por la Red de Ciudades por la Memoria y la Justicia, que incluye a diez ayuntamientos, entre los que se encuentran Barcelona, Pamplona, Zaragoza o Madrid, entre otras.

En esta jornada, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, también ha lamentado que en cuatro años los conocidos como ayuntamientos del cambio han hecho más para acabar con la impunidad de la dictadura franquista que todos los gobiernos democráticos en los últimos 40 años. "Tras 40 años de dictadura ni una sola persona ha sido procesada por los crímenes del franquismo. Ni una sola".

Asiron también ha recordado que varios ayuntamientos, como el suyo, han interpuesto querellas en nombre de los vecinos y vecinas que fueron asesinados y represaliados durante la dictadura franquista, pero que estas querellas se han encontrado con varios obstáculos en la Justicia, como es la Ley de Amnistía y el principio de legalidad. Obstáculos que, en cualquier caso, deben ser eliminados desde el Congreso o el Gobierno. 

"Pedimos a todos los actores que se sumen a la búsqueda de la justicia para las víctimas y que si no es así, que se echen a un lado", ha señalado el alcalde de Pamplona.

De hecho, desde la Red de Ciudades por la Memoria y la Justicia, junto al Intergrupo por la Memoria y la Justicia del Congreso y del Parlamento Europeo, han impulsado un manifiesto en el que instan al Ejecutivo a modificar o derogar la Ley de Amnistía, a introducir el principio de legalidad internacional y a declarar "nulo de pleno derecho" el Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el día 13 de marzo de 2015 por el cual se denegó la extradición de los imputados en la querella que se está tramitando en Argentina. 

De hecho, desde la Red de Ciudades han recordado que el PSOE rechazó modificar la Ley de Amnistía en esta misma legislatura. Asimismo, la Red de Ciudades se ha comprometido a "continuar interponiendo querellas criminales en los juzgados del Estado español" por los crímenes del franquismo y a "consolidar el municipalismo como punta de lanza contra la impunidad franquista".

Balance de querellas: dos admitidas

La Jornada de este martes también han servido para que los ayuntamientos hagan balance de lo que han sido estos cuatro años de lucha contra la impunidad franquista desde los consistorios. Han recordado que los consistorios de Vitoria, Pamplona, Barcelona, Zaragoza, Rivas Vaciamadrid, Elgeta y Mondragon han presentado querellas en los juzgados españoles, de las que solo ha sido admitida a trámite una de ellas: la de Rivas Vaciamadrid, que continúa abierta a pesar de que Fiscalía ha pedido su archivo. Por otro lado, también se mantiene abierta en los juzgados una querella por torturas durante el tardofranquismo en València.

Desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina han agradecido los esfuerzos de los citados ayuntamientos y han interpelado a los consistorios de Madrid, Cádiz y A Coruña a presentar sus propias querellas. 

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