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Ayuso, la presidenta autonómica que lidera la oposición a Sánchez vía tribunales

La presidenta de la Comunidad de Madrid centra su estrategia en desgastar al Gobierno central impugnando medidas judicialmente para generar ruido y polémicas que acaban marcando la línea del PP nacional. El último ejemplo ha sido el decreto de ahorro energético.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene tras la firma del convenio de transporte con el presidente de la Junta de Castilla La-Mancha, en la Real Casa de Correos, a 11 de julio de 2022, en Madrid (España).
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos, a 11 de julio de 2022, en Madrid (España). Marta Fernández / Europa Press

El decreto de ahorro energético es solo la última de las medidas de alcance nacional que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha utilizado como ariete para encabezar una vez más la oposición del PP al Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras la reunión informativa sobre el decreto que mantuvieron el lunes con las comunidades autónomas la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, el Ejecutivo central se mantuvo firme y rechazó dar marcha atrás en su norma, tal y como pedían todas las autonomías gobernadas por el PP. Este miércoles entran en vigor medidas como la limitación de la temperatura en edificios de uso público y el apagón de escaparates.

Desde que se anunciaron las medidas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid comenzó una batalla sin cuartel enmascarada en la ya típica defensa de esa "libertad" con la que Ayuso hizo su campaña electoral. Tanto peso tiene la postura de Madrid en la estrategia del PP nacional que el líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, pasó en pocos días de ver necesario un plan de ahorro energético a sumarse al carro que Ayuso había puesto en marcha con su escueto y desafiante mensaje al más puro estilo Donald Trump: "Madrid no se apaga".

El lunes, el Gobierno madrileño ya anunció que cumplirá (no le queda otra) pero impugnará el decreto ante el Tribunal Constitucional por la "cerrazón" el Ejecutivo central, al que pide sentarse a negociar las medidas con los presidentes autonómicos.

Los cierto es que Ayuso y su equipo han practicado la misma política de enfrentamiento constante al Gobierno de coalición desde el principio y por cualquier razón, fueran las restricciones durante la pandemia, el reparto de fondos europeos o el currículo educativo de Bachillerato. Lo que empieza con declaraciones inflamadas y agresivas, de alta confrontación ideológica, acaba en recursos a tribunales, decretos autonómicas y ordenanzas en sentido contrario a las medidas aprobadas por el poder ejecutivo nacional.

Tendrá que pasar tiempo hasta que el Constitucional se pronuncie sobre las medidas del decreto de ahorro energético, aunque en otros casos la respuesta de los jueces ha sido más ágil y no siempre del agrado de la presidenta madrileña.

Lucha contra los libros de texto de Bachillerato

Antes que la pelea contra el apagón de escaparates, Ayuso puso en el punto de mira el trabajo del Ministerio de Educación, pilotado por Pilar Alegría. El pasado junio recurrió ante el Tribunal Supremo el nuevo currículo de Bachillerato, aprobado en el marco de la LOMLOE pero con parte de competencia autonómica.

El motivo no es nuevo: es sectario, adoctrinador y busca "transformar la sociedad y hacerla a su medida", según Ayuso. El recurso fue admitido a trámite y, antes, Ayuso había advertido de que su Ejecutivo revisaría el contenido de los libros de texto para evitar supuestos "adoctrinamientos" en materia histórica o científica, entre ostros aspectos. Sin embargo, la ley le impide censurar el contenido de los libros de texto y ella misma ha reconocido que no ha encontrado nada relevante en su escrutinio que, por otra parte, se basa en "lo publicado en medios", en palabras de la propia presidenta.

El reparto de los fondos europeos

En enero, el caballo de batalla de Ayuso contra La Moncloa fue el reparto de los fondos covid europeos que estaba llevando a cabo el Gobierno. Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo por la concesión de nueve millones de euros a Euskadi, Navarra, País Valencià y Extremadura procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Según el Gobierno de Ayuso, "el Gobierno ha estado distribuyendo los fondos europeos a quienes ha considerado al margen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y sin procedimiento y con falta de transparencia" y perjudicando a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el recurso fue presentado inicialmente ante el tribunal incorrecto, lo que puso al descubierto el escaso interés de Ayuso por la cuestión recurrida.

Para entonces, la Comunidad de Madrid había recibido casi mil millones del paquete, más del 10% de lo que tenía asignado, pero solo había ejecutado 18 millones de euros. La mayoría fueron utilizados para ahorrarse presupuesto autonómico en becas universitarias de alumnos con rentas bajas. Meses después, Ayuso anunciaría a bombo y platillo becas para alumnos de familias con rentas de 100.000 euros, a los que considera "clase media". Su recurso ante el Supremo aún no ha admitido a trámite el recurso.

Primero fue "Madrid no se cierra"

Ya en la segunda fase de la pandemia por el coronavirus, Ayuso dejó claro que Madrid iba a ser una comunidad rebelde a Moncloa, aunque pusiera en riesgo la salud pública. Empezó desafiando los cierres perimetrales de ciudades y regiones que el Gobierno establecía según la incidencia acumulada de contagios, y acabó denunciando las restricciones a los negocios de ocio nocturno un año después.

En junio de 2021, Ayuso presentó ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra las medidas del Ministerio de Sanidad sobre la reapertura del ocio nocturno y flexibilización de horarios de la hostelería en las comunidades con menor incidencia de la covid. Para la presidenta, las que concernían a Madrid eran "arbitrarias y atentan contra el sentido común e interés de los madrileños", y fueron admitidas por la Audiencia Nacional, que las suspendió cautelarmente. 

 

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