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Aznar cambió la ley de autopistas para tapar la prórroga ilegal de los peajes de la AP-9 cuatro días antes de vendérsela a Sacyr

El Gobierno de Sánchez apela ahora una norma ya derogada para defender aquella decisión, que regaló 25 años más a la concesionaria de la vía que cruza Galicia de norte a sur y que ha motivado un procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra España

Imagen de un peaje en la A-9 en Vigo.
Imagen de un peaje en la A-9 en Vigo. Street View

El Gobierno de José María Aznar sabía que la prórroga de 25 años que concedió en el año 2000 a la concesionaria de la Autopista del Atlántico para que seguiera cobrando peajes, y que ha motivado un expediente de infracción de la Comisión Europea, era ilegal y contraria no sólo a la legislación europea, sino también a la española. Por esa razón, modificó de tapadillo la ley que impedía extender la concesión sólo cuatro días antes de privatizarla, y tras garantizar que las empresas que iban a explotarla -hoy lo hace Itínere- podrían mantener los peajes hasta el año 2048.

La AP-9 es la autopista que vertebra el eje atlántico de Galicia desde Ferrol hasta la frontera potuguesa, con tarifas que sus usuarios consideran abusivas toda vez que la carretera ya esta más que amortizada. Se empezó a construir con Franco todavía vivo y su primer tramo (A Coruña-Santiago) se inauguró en 1979. Según el acuerdo inicial de explotación, estaba previsto que fuera liberada de peajes en el 2012. Pero el Gobierno de Adolfo Suárez amplió el plazo hasta el 2013, el de Felipe González hasta el 2023, y el de Aznar hasta el 2048.

El Ejecutivo del PP, con Rafael Arias Salgado dirigiendo el Ministerio de Fomento, lo hizo amparándose en la supuesta necesidad de compensar a la concesionaria, la antigua Empresa Nacional de Autopistas (ENA), por las obras de ampliación de un tramo de poco más de 9 kilómetros -la autopista tiene 200- entre Fene y Ferrol.

Bruselas considera que las prórrogas de González y Aznar contravinieron las normas comunitarias porque se adjudicaron sin sacar de nuevo la concesión a concurso, a lo que estaban obligados por la la directiva europea de 1993 sobre procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Pero es que además la decisión del Gobierno del PP vulneraba también la ley española de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. Tras ampliar los plazos al 2048, con un informe favorable del Consejo de Estado que, sorprendentemente y siendo vinculante, obvió referencia alguna a la norma que debía haberlo impedido, y mientras planeaba la venta de la concesionaria a Sacyr, el Gobierno de Aznar derogó aquella norma.

El apartado 25.2 de la citada ley, que data de 1972 pero que fue modificada en 1996, en 1997 y en el 2003, establecía en el 2000 que sólo se podría prorrogar la concesión de la explotación de la autopista "excepcionalmente" y siempre y cuando, entre otros condicionantes, se garantizara que la ampliación se adjudicara "mediante un concurso abierto".

El 24 de mayo del 2003, sábado, con Francisco Álvarez Cascos al frente del Ministerio de Fomento, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 13/2003 de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, que en su disposición derogatoria única eliminó de un plumazo ese artículo 25.2 sin motivar, argumentar ni dar publicidad a la decisión.

El miércoles 28 de mayo, apenas cuatro días después, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Ignacio Ruiz-Jarabo, anunció la venta de ENA a un consorcio liderado por Sacyr, la constructora de Luis del Rivero, quien acabaría imputado por la Audiencia Nacional en la trama Gürtel por financiar ilegalmente al PP.

Lo más llamativo del caso, sin embargo, es que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue defendiendo ahora la decisión de Aznar, e incluso mintiendo al respecto para justificarla.

Aunque Bruselas no comunicó oficialmente la apertura de expediente sancionador a España hasta la semana pasada, el Ejecutivo lo sabía desde hace casi un año, cuando la Comisión Europea le emplazó a explicar las condiciones de la prórroga de los peajes. Así se lo reconoció el Gobierno al diputado de Unidas Podemos-Galicia en Común-En Comú Podem Antón Gómez Reino, en una respuesta parlamentaria fechada el pasado 2 de febrero. En su pregunta, el diputado alertaba de que la decisión de Aznar vulneraba la normativa europea, y que la concesión debería ser anulada y los peajes, suprimidos.

El Ministerio, que en febrero aún dirigía José Luis Ábalos, reconoce en su respuesta que conocía desde noviembre del 2020 la intención de la Comisión Europea de tratar con el Gobierno "posibles procedimientos de infracción relacionados con la AP-9". Por ese motivo, se celebró una reunión en diciembre pasado con técnicos de la Comisión, a quienes el Ministerio remitió mes y medio después un informe que "venía a concluir que la Administración General del Estado se había adecuado en todas las actuaciones" sobre la autopista a las leyes españolas y europeas.

Dice el Ministerio que la prórroga del año 2000 se ajustó "a la legislación vigente del momento", y cita expresamente aquel artículo 25.2 apartado que el Gobierno de Aznar derogó en el 2003. Pero lo cierto es que es que el apartado a) de ese precepto, precisamente el que justificaría la ampliación de la concesión siempre y cuando la autopista no hubiera "sido objeto de una ampliación anterior", ya había sido derogado en 1997.

Así lo recoge una disposición adicional de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de ese año: "Se suprime el apartado a) del artículo 25.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, en su redacción dada en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social". De nuevo, la redacción obvia los argumentos que deberían justificar la decisión en la exposición de motivos de la norma, y sin más publicidad que su aparición en el BOE

Es decir, que ni el Gobierno de Aznar ni el Consejo de Estado en su dictamen el año 2000, ni el Gobierno de Sánchez en su respuestas del pasado mes de enero a la Comisión Europea y a Gómez Reino en febrero, aplicaron las normas europeas y españolas vigentes que debieron haber liberado de peajes la autovía.

Por si fuera poco, el Ministerio alega ahora en su respuesta parlamentaria al diputado que "en cuanto a si se plantea recuperar la gestión de la Autopista del Atlántico cuando finalice la concesión en 2023, debe indicarse que el plazo de la citada concesión no finaliza en ese año sino en el año 2048, por lo que obviamente no puede preverse cuál será la intención del gobierno existente en esa fecha". De no ser por la seriedad que se presupone al tema tratado, podría interpretarse el tono del Ministerio como injustificadamente irónico y socarrón.

Lo cierto es que desde el año 2013 los gallegos han pagado más de 1.100 millones de euros en peajes que podrían ser reclamados, según defienden los partidarios de la liberación de la autopista, por aquellos usuarios que aún conserven tiques o facturas de sus dispositivos electrónicos de pago que prueben que los abonaron. Y que, dado que las ampliaciones de las concesiones en muchas otras autopistas de pago privatizadas en España durante los gobiernos de Aznar se hicieron siguiendo el mismo modus operandi que con la AP-9, las reclamaciones podrían multiplicarse si la Comisión Europea también los declara ilegales.

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