Baltar hijo rechaza investigar los contratos de su padre en la Diputación

El Gobierno de la Diputación de Ourense, en manos de José Manuel Baltar (PP), ha rechazado hoy la creación de una comisión propuesta por el PSOE para investigar la incorporación de personal en el mandato de su padre, José Luis Baltar, imputado por prevaricación administrativa continuada por presuntas contrataciones irregulares.

Los populares se han opuesto a la constitución de ese órgano, que pretendía analizar las contrataciones de personal en la Diputación en los últimos veinte años, diecinueve de ellos bajo la presidencia de José Luis Baltar.

Su hijo, el actual presidente José Manuel Baltar, que accedió al cargo en febrero de 2012, ha anunciado en el pleno extraordinario de hoy que se tomarán las acciones civiles y penales necesarias para defender el honor de la institución provincial.

Los socialistas habían propuesto crear dicha comisión después de que un juzgado de Ourense aceptase una querella de la Fiscalía, que parte de una denuncia del PSdeG contra José Luis Baltar por un supuesto delito de prevaricación continuada en la contratación de más de cien personas de forma irregular en 2010, en las fechas previas a la celebración del congreso provincial del PP que ganó el hijo del veterano dirigente.

Socialistas y nacionalistas gallegos sostienen que hubo un amaño para asegurar que el hijo de Baltar fuese el elegido.

José Luis Baltar deberá acudir el próximo 4 de febrero a las 17.00 horas al Juzgado de Instrucción número uno de Ourense para prestar declaración.

En la sesión plenaria, el portavoz del PP, Plácido Álvarez Dobaño, ha argumentado que "siempre ha habido total transparencia en la consulta de documentos", y por eso el Gobierno de la Diputación ourensana no ha considerado necesaria esta comisión.

En esta misma sesión, el presidente provincial, José Manuel Baltar, ha cerrado el debate con el anuncio de que desde la Diputación se tomarán las "acciones civiles o penales necesarias" para garantizar "la defensa del honor de esta institución".

En su primera intervención, el portavoz socialista, Ignacio Gómez, ha recordado que los casos recogidos en la mencionada querella no suponen más que "la punta del iceberg" de una situación de "caciquismo y política clientelar".

Entre las prácticas que Gómez ha puesto de manifiesto ha destacado la "inadecuación" de titulaciones solicitadas para los puestos vacantes y la falta de "transparencia, igualdad, publicidad y valoración de méritos".

En cifras, Gómez ha destacado que de entre todos los empleados que dependen de la Diputación, tan solo se ha conseguido encontrar a quince personas sin vinculación con el Partido Popular.

En esta misma línea, Leopoldo Rodríguez, del BNG, ha sentenciado que en todos estos años "familias enteras vinculadas al Partido Popular han consolidado su puesto de trabajo".

Leopoldo Rodríguez ha ido más allá al asegurar que José Manuel Baltar continúa el mismo camino ciciquil, "cambiando el estilo decimonónico de su padre por uno con más glamour".

Ante todas estas acusaciones, el portavoz popular, Álvarez Dobaño, ha respondido a las afirmaciones que apuntaban a que las contrataciones objeto de la querella se realizaron para modificar el resultado del congreso del Partido Popular: "Solo seis de los 42 empleados que comenzaron a trabajar antes del congreso eran compromisarios, lo que supone un 0,49 % del total", ha recalcado, y ha insistido en que se trataba de contratos temporales.

Sin embargo, el portavoz socialista ha rebatido ese argumento preguntando si "el resto de los contratados no eran familiares de compromisarios".

El Partido Popular ha tachado a la oposición de tener "doble moral" al tomar "la callada por respuesta" en relación con cuestiones que les afectan directamente, como la implicación del exalcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez (PSdeG) en la 'Operación Pokemon', que investiga una presunta trama de corrupción en las concesiones a empresas de los ayuntamientos, o, a nivel municipal, casos de irregularidades en la ayuda a domicilio.

Tras las argumentaciones y antes de las votaciones, el PSOE ha tratado de solicitar la "abstención de la votación" de aquellos miembros que tengan intereses o relación de consanguinidad con contratados en los últimos veinte años apelando a la legislación y la "obligación moral".

Con todo, todos los diputados pudieron ejercer su derecho al voto y la creación de la comisión fue rechazada.