¿Cómo fue su intervención ante el juzgado que instruye la causa sobre los crímenes del franquismo?

Comparecí no sólo porque soy funcionario argentino en ejercicio, sino también por el deber de colaboración con la Justicia. Expuse cómo está la situación en España y afirmé que no hay ninguna investigación sobre los crímenes franquistas, salvo una de la Audiencia de Barcelona en relación a un ataque de la aviación italiana considerado como crimen de guerra. Hay otra causa sobre niños sustraídos en clínicas pero que no incluye a los 30.000 niños que fueron robados a sus familias republicanas y dados en adopción. Por supuesto, tampoco se está indagando sobre los desaparecidos, que constituyeron el núcleo principal de la investigación que yo mismo inicié en España.

¿Qué trascendencia puede tener este proceso abierto en Argentina?

Es de una importancia absoluta porque es el último reducto que le queda a las víctimas del franquismo, una vez que el Tribunal Supremo español cerró toda posibilidad de investigar esos crímenes en marzo de 2012. La prueba es que las acciones posteriores en los juzgados no han llegado a ningún término. Me han dicho las víctimas que los jueces ni siquiera se personan en las exhumaciones.

¿No están obligados a presentarse?

Según ellos, en algún caso no. Sé lo que me cuentan las víctimas, que ya no se produce ni siquiera esa presencia.

'Me han dicho las víctimas que los jueces ni siquiera se personan en las exhumaciones de las víctimas' 

¿Cómo va evolucionando la causa en Argentina?

Tienen dificultades porque la documentación española tarda en llegar. También tienen pendiente la declaración de varias víctimas en España, que ya se ha intentado en dos ocasiones, pero este lunes me comunicaron que la declaración de las víctimas ha quedado por fin desbloqueada. No le podría decir en qué plazo puede haber una resolución, pero sin lugar a dudas tiene que haberla. Sobre todo después de mi comparecencia, se puso de manifiesto que el juzgado de Argentina tiene que tomar una decisión.

¿Ya se han confirmado las videoconferencias de las víctimas que están en España con la jueza María Servini de Cubría, que instruye el caso?

Eso se me dijo tras mi intervención: que había luz verde para practicar esas declaraciones en el consulado argentino en España.

¿Cree que las autoridades españolas están intentando obstruir la investigación argentina?

Está claro que se suspendieron las comparecencias. Se publicó que había alguna obstaculización pero no está claro que haya sido así. En todo caso, la prueba del algodón llegará cuando tengan que contestar una petición de cooperación judicial internacional o cuando se les pida apoyo para realizar esas diligencias. Si no hay incidencia, no podremos decir que no están colaborando. No tendrían que tener ningún inconveniente porque las investigaciones en España están cerradas.

 'Queda abierta una herida. Nadie ha pedido perdón en España desde los ámbitos oficiales'

Dadas las dificultades que usted tuvo para investigar los crímenes franquistas en España, ¿no considera que las autoridades españolas intentarán impedir la de aquí se lleva a cabo?

Espero que no. En todo caso, no tienen vía para hacerlo porque el consulado y la embajada son territorio argentino.

Pero el embajador argentino de Madrid llegó a pedir a la jueza que suspendiera las videoconferencias.

Desconozco cuál fue la razón de esa suspensión. No me consta que fueran autoridades españolas. Sí me consta esa declaración del embajador con la jueza. Y también me consta que él acaba de informar de que ya no hay obstáculo para realizar esas diligencias.

¿Cree que en España será posible algún día juzgar el franquismo?

¿Penalmente?

Sí.

No creo. El Tribunal Supremo ha sido brutalmente claro. La aspiración en este momento debe ser la de formar una comisión de la verdad. Cuanto más pronto mejor, porque las víctimas directas están falleciendo y se nos acaba el tiempo. En el ámbito civil, serían necesarias iniciativas de reclamación, reparación e indemnizaciones, y en el ámbito contencioso administrativo, la aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, que cita la posibilidad de otro tipo de acciones judiciales. Por tanto, si la opción penal está cerrada en España, tenemos que esperar a lo que suceda en Argentina. En el Tribunal Europeo de Derechos humanos han rechazado algunas iniciativas en ese sentido, pero siempre puede haber una decisión política para que se abra esa posibilidad a través de la ley correspondiente.

'Si la opción penal está cerrada en España, tenemos que esperar a lo que suceda en Argentina'

¿Es probable esa decisión política?

No, falta absoluta voluntad. Los responsables y la clase política española no quieren ni oír hablar de eso. El PP no votó a favor de la así llamada Ley de Memoria Histórica. En el ámbito de la comisión de la verdad estamos trabajando para que en su momento esa ley sea posible. Es necesaria. Ahí los ciudadanos pueden conseguir el impulso legislativo a través de la acumulación de 500.000 firmas. Y si no, hay otros mecanismos a través de comisiones en las comunidades autónomas o con fórmulas de justicia transicional y restaurativa, que son las que se están intentando.

Pongamos que se reúnen ese medio millón de firmas.

La respuesta en este momento del Parlamento sería 'no'. Pero como esperamos no sólo 500.000 firmas, sino muchas más, algún partido político tendría que asumir ese compromiso. Y en todo caso, los ciudadanos podemos y tenemos la obligación de que eso se produzca.

¿Cree que en España podría suceder lo que ocurrió aquí en Argentina, en donde se están juzgando los crímenes de su propia dictadura (1976-1983)?

Nunca se podría decir que no pueda suceder, pero la situación es diferente. Hay mucho más tiempo de por medio, hay menos fuerzas del movimiento asociativo y de derechos humanos. Pero la voluntad de la Justicia puede ser obtenida como en su momento se obtuvo aquí. Después de que España iniciara esas investigaciones sobre la dictadura argentina, cuando aquí no se podía hacer, es verdad que hubo un impulso político de Néstor Kirchner a través del poder ejecutivo que fue seguido por el legislativo y finalmente por el judicial, declarando la nulidad de las leyes de impunidad. 

¿En España se puede producir esa evolución?

Yo espero que sí. Los movimientos de víctimas y organismos de derechos humanos estamos haciendo lo imposible por motivar la voluntad de quienes tienen que tomar esa decisión. Hay fórmulas para conseguirlo y hay políticos que están comprometidos con eso y tienen que demostrarlo. A partir de ahí, si la opción es proponer una ley, apoyemos a aquellos que desde la política están diciendo que lo van a hacer.

¿Como quiénes?

Hay movimientos sociales, plataformas y algún partidos que están posicionados, como Izquierda Unida, Izquierda Abierta, y Equo. Los grandes partidos, desde luego, no. Pero eso es un problema para todos y sobre todo, un problema de conciencia para ellos, porque el planteamiento sobre la Transición se quedó viejo: se ha demostrado que no ha sido bueno en muchos ámbitos.

'La Ley de Amnistía de 19977 fue para las víctimas, no para los victimarios, salvo para algunos en el ámbito del terrorismo'

¿En el de la impunidad, por ejemplo?

En ese aspecto ha sido nefasta, porque ha demostrado que queda abierta esa herida, un abismo derivado de las acciones delictivas del propio sistema del régimen franquista al que nunca se le ha dado respuesta. Nadie ha pedido perdón en España desde los ámbitos oficiales. Nadie se ha preocupado del amparo de las víctimas hasta la ley de 2006 [de la Memoria Histórica] en la medida en que lo hace. Nadie ha propiciado la acción de la Justicia. La ley de Amnistía ni siquiera se ocupó de este tema. Hay un déficit social e institucional muy importante y las víctimas han tenido máximas dificultades, exceptuando el apoyo de algunas comunidades autónomas y a nivel local. Esto parece inverosímil después de tantos años. Todavía hay gente, más de 70 años después, cuyo comentario más favorable es 'están bien muertos, están bien enterrados, y no nos interesa'. Eso es muy duro para las víctimas.

¿Fue buena la Ley de Amnistía de 1977?

Fue buena para los casos en los que se pensó. Pero para los crímenes franquistas no se pensó en ningún momento, ni se debatió, ni se discutió.

¿Fue buena como instrumento de engranaje para la Transición?

La Ley de Amnistía fue para las víctimas, no para los victimarios, salvo para algunos en el ámbito del terrorismo. El resto eran líderes sindicales y políticos que habían sido condenados por el Tribunal de Orden Público. ¿A qué general, político o personaje de una organización paramilitar se le aplicó esa ley? A ninguno. Ni se planteó. No deja de ser un sarcasmo que se diga que hay una Ley de Amnistía en España.

¿Podría llegar a ser declarada inconstitucional?

Creo que no. La Ley de Amnistía no obstaculiza la investigación de los crímenes franquistas porque ninguna normativa, y la jurisprudencia nacional e internacional es muy clara al respecto, puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad, de genocidio o de crímenes de guerra. Una de las últimas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida a las masacres del Mozote en El Salvador, de diciembre de 2012, es absolutamente clara. Dice: 'Una ley de amnistía no puede impedir la investigación efectiva de los hechos'. Es un derecho absoluto de las víctimas. Por eso la Ley de Amnistía española no es incompatible, porque además los crímenes se siguieron cometiendo como delitos permanentes. No fue así interpretado por el Tribunal Supremo, habida cuenta de que me abrieron un procedimiento penal, me imputaron, me sometieron a juicio oral y luego me absolvieron, como era evidente. A lo mejor había que preguntarse por qué razón se inició ese procedimiento, se avanzó con toda clase de irregularidades en la instrucción con el juez Luciano Varela, hasta que finalmente llegó la absolución.

¿Valió para algo?

Sí, para algo fundamental. Para que por una vez, y ante el Tribunal Supremo, las víctimas tuvieran voz y le dijeran a un tribunal judicial lo que había pasado con sus seres queridos, y así hablaran de la represión y de los crímenes de los que habían sido objeto. El proceso también sirvió para escenificar la impunidad.

¿Esperaba, entonces, su absolución en la causa que le abrieron por investigar el franquismo?

Era evidente. No había ningún motivo para la condena, como tampoco la hubo para el caso Gürtel.