No quería hablar de la exhumación del dictador Francisco Franco, pero ahora plantea una normativa para enterrar la Ley de Memoria Histórica, la misma a la que el Gobierno de Mariano Rajoy dotaba con cero euros en los Presupuestos, jactándose de ello. Pablo Casado, presidente del PP, ha pasado de rechazar el debate sobre los restos del dictador a vender una "Ley de Concordia", con la que pretende “derogar la sectaria relectura de la Historia”.

Sin embargo, Casado no ha aportado un solo detalle sobre esta normativa. Fuentes del PP sólo explican a Público que prevén presentarla en este periodo de sesiones, sin concretar más. 

No explican cómo afectará a las víctimas del Franquismo, ni tampoco si está relacionada en forma alguna con la "Ley de Memoria y Justicia" anunciada por Casado en plena campaña por el liderazgo del PP. Pese a los reiterados intentos de este diario, el equipo del entonces candidato a relevar a Rajoy no explicó si esta normativa afectaría a las víctimas de la dictadura. Aún hoy, en España hay más de 114.000 desaparecidos de la Guerra Civil. 

Desde hace semanas, Casado ha criticado la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, afirmando que esto supone abrir "viejas heridas". Su razonamiento es que un país que está pendiente de lo ocurrido hace 40 años tiene el riesgo de quedar convertido "en estatua de sal".

Según su relato, "rojos y azules se dieron la mano" en la Transición, y por tanto toca "mirar al futuro" y no "al pasado". De hecho, Casado lleva desde julio afirmando que no gastaría "ni un euro" en desenterrar a Franco -ni tampoco en enterrarlo-.

Este sábado, el flamante secretario general del PP, Teodoro García, seguía la misma línea en una entrevista en La Sexta Noche: "Me siento tan identificado con lo que ocurrió antes de la Transición como con lo que ocurrió con los Reyes Católicos", despachaba. "Se está errando el tiro al recordar épocas pasadas", puntualizaba.

A finales de agosto, el líder del partido conservador llegaba a acusar a Sánchez de estar "despreocupado" por la economía o la inmigración, y no así "por un muerto de hace 43 años". Planteaba incluso que el Valle pasase de estar bajo el control de Patrimonio Nacional a las manos de la Iglesia Católica.

En la enésima vuelta de tuerca, alertaba del riesgo que, a su juicio, entraña el debate sobre el Valle para el "relato democrático de España". Lo que entonces era "innecesario", una "cortina de humo" y "una trampa", el pasado domingo desembocaba en su anuncio de esta normativa de la "Concordia".

Desde su atril en un acto del PP en Ávila, Casado aprovechaba para presentar la Fundación Concordia y Libertad, recién creada y bajo el control de Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez. Mientras su partido anuncia su abstención ante la convalidación del decreto ley de modificación de la normativa sobre Memoria Histórica que permitirá exhumar al dictador, Casado intenta poner el foco así en la "concordia" y en la "ejemplaridad" de la Transición.

Pese a sus esfuerzos, desde las redes sociales le han recordado que entre 1975 y 1983 hubo 600 muertos por violencia política, como recoge la obra La Transición Sangrienta (escrita por el historiador Mariano Sánchez). El mito de la Transición pacífica de Sophie Baby, eleva a su vez esta cifra a los 714 muertos, pero el líder del PP sigue intentando vender el mismo mensaje.