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Bankia paga la fianza de 800 millones y reclama a la antigua cúpula que responda con su dinero

El depósito de la fianza para hacer frente a las posibles irregularidades en la salida a bolsa de la entidad evita el embargo cautelar de bienes del grupo.

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Rodrigo Rato en una foto de archivo. EFE

Bankia y su matriz, BFA, han aportado hoy en la Audiencia Nacional la fianza de 800 millones impuesta por el juez Fernando Andreu para hacer frente a posibles irregularidades por la salida a bolsa y, de inmediato, reclamará a la antigua cúpula de la entidad que responda con su patrimonio.

Según fuentes jurídicas, el grupo que preside José Ignacio Goirigolzarri quiere que el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y los exconsejeros José Luis Olivas, Francisco Verdú y José Manuel Fernández Norniella, también participen en la fianza, impuesta de forma solidaria por parte del juez.

Tanto BFA como Bankia están legitimadas para reclamar a la antigua cúpula parte de los 800 millones, después de que ninguno de ellos haya depositado ninguna cantidad hasta el momento, un día antes de que venza el plazo dado por el juez, según las mismas fuentes.

Tanto BFA-Bankia como los antiguos miembros de la cúpula del grupo reclamaron al juez que retirara la fianza

Las dos entidades han hecho efectiva la fianza mediante transferencia por importe de 800 millones a la cuenta designada por el juzgado, la alternativa con menos coste de las que permite la ley y que igualmente evita el embargo cautelar de bienes del grupo. El depósito de la fianza se ha hecho a pesar de que tanto BFA-Bankia como los antiguos miembros de la cúpula del grupo reclamaron al juez que retirara la fianza, una medida que consideraban "lesiva" y "prematura".

El magistrado había tomado la decisión de reclamar los 800 millones basándose únicamente en el informe de los dos peritos judiciales cedidos por el Banco de España, que cuestionaron las cuentas con las que Bankia debutó en bolsa.

Pero no solo recurrieron ellos, sino que la propia Fiscalía Anticorrupción y el FROB, personado como perjudicado en el "caso Bankia", censuraron duramente el auto del juez apelando al daño que podría ocasionar una medida así para los accionistas de la entidad, todos los españoles, al tiempo que se unían a las tesis esgrimidas por los imputados sobre las debilidades de la pericial.

Andreu veía claro que del trabajo de los dos funcionarios se desprende la comisión de un delito de estafafa inversores

Sin embargo, Andreu veía claro que del trabajo de los dos funcionarios se desprende la comisión de un delito de estafa a inversores tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal, y castigado con hasta seis años de prisión.

Esta prueba pone de manifiesto "con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad", un extremo que el contrainforme de parte aportado por la entidad, en contra de lo que dice el juez, sí lo rebatía.

Aún así, el magistrado consideraba necesario, pese a reconocer que el daño que ese maquillaje pudo ocasionar a los accionistas que participaron en el debut bursátil "es de muy difícil y laboriosa cuantificación", la necesidad de adoptar una medida cautelar "real".

Más aún cuando la apertura de juicio oral "no se encuentra cercana" y existe el "temor a la inoperancia final" de su investigación, añadía. Por ello decidió hacer una estimación y calcular una cuantía provisional "proporcionada, adecuada y justificada a los fines", y que es resultado de sumar la tercera parte de los 1.800 millones en acciones que Bankia colocó entre particulares (600 millones) más el tercio establecido en la ley para fianzas civiles.

Y es precisamente este cálculo otra de las cuestiones que los imputados han afeado al juez, sosteniendo que los afectados personados en la causa no reclamaron más de 33 millones de euros. De ahí que algunos, como el propio grupo y Olivas, consideraran que la fianza no podría en ningún caso superar esos 33 millones, algo sobre lo que se tendrá que pronunciar la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, tras analizar los recursos, será la que tenga la última palabra