¿Cree usted que la política española es muy previsible porque el PP siempre hace piña contra el PSOE y los socialistas siempre van a una contra los conservadores? A lo mejor tiene razón. Pero échele antes un vistazo a los conflictos del agua.

El Gobierno de Extremadura (socialista) ha llevado al Constitucional el nuevo Estatuto de Andalucía que lideró el hoy vicepresidente del Gobierno, el también socialista Manuel Chaves, porque se atribuye la gestión de la cuenca andaluza del Guadalquivir.

El presidente de los regantes : 'Hay contaminación política del agua'

En cambio, el Gobierno de Castilla León (PP) ha encontrado inspiración en la socialista Andalucía para tratar de gestionar ella misma la cuenca del Duero.

Y el Gobierno de La Rioja (PP) ha llevado al Constitucional el Estatuto de Aragón, gobernado por el PSOE, porque reserva una cuota de reserva de agua. Parece más lógico, pero esta es justamente la solución que ha encontrado Castilla-La Mancha con el apoyo de la mismísima secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que enfrente tiene a los grandes feudos de su partido: Murcia y la Comunidad Valenciana.

El rompecabezas del agua tiene muchas otras variables Extremadura contra Castilla y León, eventual motín del PP murciano en el Congreso, Aragón contra Valencia, etcétera y es consecuencia del proceso de reforma de los estatutos, que en muchos casos han introducido cuestiones referentes al agua. Todas las miradas están puestas en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto catalán, pero el Alto Tribunal será clave también para definir el modelo de gestión del agua.

El Gobierno central niega que las reformas rompan la unidad de cuenca

'Los partidos usan la bandera del agua como paradigma de la España plural y esto es inadmisible porque se quieren poner barricadas territoriales en el agua', opina Juan Guillamón, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia.

'Hay una contaminación política del agua', le secunda Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, que lanza una alerta dramática: '¿Cómo puede haber planificación si consideras que la comunidad vecina es tu enemiga? El Gobierno central ha hecho dejación de funciones y cada comunidad ha hecho lo que ha querido', añade.

¿Los nuevos estatutos rompen realmente la posibilidad de una planificación nacional? ¿Queda liquidada la unidad de cuenca, vigente desde hace más de 80 años, desplazada por las nuevas fronteras autonómicas? Julián Sánchez Pingarrón, consejero de Ordenación del Territorio de CastillaLa Mancha, lo niega tajantemente: 'Nosotros sólo queremos participar en la planificación, naturalmente dentro de la normativa del Estado. Y con un principio: hay agua para todos, pero no para todo'.

Fuentes del equipo del Gobierno central que negoció en la anterior legislatura todas las normas estatutarias referentes al agua coinciden en que de ninguna manera se rompe la unidad de cuenca: 'Se implica más a las autonomías, pero se introdujeron todas las cauciones que garantizan la planificación nacional', opina una persona que tuvo altas responsabilidades en el proceso en nombre el Ejecutivo.

Hugo Morán, secretario de Medio Ambiente del PSOE, desdramatiza la pugna, convencido de que la Constitución 'debe leerse en su totalidad y teniendo en cuenta su desarrollo'. A su juicio, 'la discusión seguirá abierta' hasta que el TC se pronuncie.

Sin embargo, Morán opina que tan importante como las sentencias es trabajar desde ya para adaptarse a la directiva europea, que pone en primer término la sostenibilidad: 'Con los derechos, ni se riega ni se bebe. De nada sirve un derecho si detrás no hay agua', concluye.