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Bildu propone impedir la deslocalización de empresas y que Ferrovial devuelva el dinero obtenido de ayudas públicas

La formación vasca se ha apoyado en la legislación europea para instar al Gobierno a reclamar el dinero a aquellas compañías que decidan marcharse de España tras beneficiarse de fondos públicos en un plazo de diez años.

Oskar Matute
El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados el pasado 27 de octubre de 2022. Jesús Hellín / EUROPA PRESS

EH Bildu ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno impida "la deslocalización de empresas que hayan obtenido financiación pública". Una iniciativa que llega después de que la empresa Ferrovial haya anunciado irse de España para trasladarse a Países Bajos, país con una fiscalidad más baja.

De hecho, la formación vasca ha mencionado directamente a esta compañía y ha asegurado que su decisión "ha puesto sobre la mesa el debate sobre la deslocalización de empresas, especialmente las receptoras de ayudas públicas, así como la necesidad de los Estados de dotarse de mecanismos que protejan a sus trabajadores y a la ciudadanía en general de estos procesos". 

Por esta razón, el partido de Oskar Matute no se ha limitado a proponer una iniciativa sobre la deslocalización, sino que también ha instado al Ejecutivo de coalición a legislar para que, "en caso de producirse deslocalización de empresas, estas estén sujetas a la obligación de devolver la financiación obtenida de fondos y/o ayudas públicas otorgadas por las diferentes administraciones en, al menos, los últimos diez años".

La legislación europea

Bildu recuerda que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han adoptado medidas en esta línea para "recuperar las ayudas concedidas por la UE a las empresas si deslocalizan sus actividades antes de que transcurran ocho años desde la concesión de la ayuda". 

Por último, también ha planteado "elaborar, desarrollar y aprobar de manera urgente la legislación necesaria para proteger y asegurar los puestos de trabajo en caso de deslocalización de empresas con financiación pública producidas por traslado de sede social o fiscal".

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