El bloque de la investidura aspira a reforzar el escudo social del Gobierno en futuras prórrogas si la guerra continúa

El plan de respuesta ante las consecuencias de la guerra podría no ser el punto y final de la batería de medidas que el Gobierno de coalición va a desplegar en los próximos meses. En el Ejecutivo son conscientes, y así lo ha trasladado el presidente, Pedro Sánchez, de que después de la guerra se dará, probablemente, inicio a una "posguerra" que extenderá el impacto económico y social de la invasión de Rusia a Ucrania más allá del final del conflicto.

Por este motivo, como sucedió durante los peores meses de la pandemia del coronavirus, se prevé que haya prórrogas de este plan para adaptar el escudo social desplegado a las necesidades de cada situación, que podrían variar en función del contexto.

Tanto en Unidas Podemos como en el bloque de la investidura se contempla la apertura de negociaciones para acometer estas prórrogas y determinar tanto su duración como el alcance de las medidas. De hecho, formaciones como ERC y EH Bildu pidieron, tras conocer el decreto, que estas iniciativas tuvieran un carácter más "estructural" que coyuntural, con el objetivo de garantizar la protección de las familias y del tejido productivo ante situaciones como la histórica inflación que sufre el país.

En el espacio confederal avanzan que ya contaban con eventuales prórrogas a la hora de negociar el plan de respuesta a la guerra y, precisamente por este motivo, se asumió que buena parte de las medidas del escudo social tuvieran el 30 de junio como fecha límite.

De hecho, algunas medidas que planteó Unidas Podemos en el seno del Gobierno de coalición, y que finalmente se han incluido en el decreto, tenían una duración mayor en su propuesta inicial. Este es el caso de la limitación de los alquileres para que sus renovaciones no estuvieran afectadas por una inflación que ronda ya el 10%. 

Los de Ione Belarra y Yolanda Díaz plantearon en un principio una congelación total de las rentas del alquiler durante todo el año 2022; finalmente, el decreto fija una limitación del 2% hasta el 30 de junio (aunque en el caso de las renovaciones que se produzcan en los meses en los que está vigente la medida, la congelación se extendería durante todo el año, ya que las renovaciones son por una anualidad completa).

Sin embargo, en el caso de que la limitación expire el 30 de junio en un contexto en el que la inflación se mantenga alta, las renovaciones de contratos posteriores a esa fecha podrían encarecer los alquileres. 

También podría ser necesario prorrogar las medidas en materia de protección frente al despido si la situación económica afecta a las empresas después de esta fecha. Durante la pandemia, buena parte de las medidas sociales se extendieron en sucesivas ampliaciones (como la prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros básicos).

En materia laboral hay un precedente claro en la emergencia sanitaria del coronavirus en el que no solo se amplió la medida, sino que varió sustancialmente en varias ocasiones: los ERTE. Este mecanismo de protección del empleo se prorrogó hasta en siete ocasiones, y el diálogo social entre Gobierno, sindicatos y patronales introdujo diferentes supuestos y coberturas en cada caso, hasta que se definió el mecanismo RED, que se consolidó como estructural en la reforma laboral.

En Unidas Podemos creen que la parte socialista del Ejecutivo es consciente de que seguramente sea necesario acometer prórrogas del plan de respuesta al impacto de la guerra, pero otra cuestión distinta es la negociación que en cada caso se produzca.

Durante la pandemia se produjeron importantes tensiones a la hora de ampliar medidas como la prohibición de los desahucios, y algunas de ellas llegaron in extremis, cuando estaban a punto de expirar, precisamente por las diferencias existentes en el seno de la coalición.