La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, acusó este miércoles a la Xunta de perdonar a las empresas eléctricas adjudicatarias de parques eólicos en Galicia más de 1.600 millones de euros que deberían abonar por no desarrollar los planes industriales que se comprometieron a ejecutar. Según Pontón, el Gobierno de Alfonso Rueda actúa como "una gestoría" de esas sociedades, a las que estaría "regalando dinero a manos llenas".

La acusación del principal partido de la oposición en Galicia coincide con la polémica suscitada desde hace años por la proliferación de megaparques eólicos y especiamente después de que la Xunta diera declaraciones ambientales favorables a 77 nuevos proyectos, que se añaden a otros siete cuya autorización corresponde al Gobierno central.

En total, y salvo que la justicia lo impida ante las demandas que anuncian asociaciones ecologistas y vecinales, en los próximos treinta meses se levantarán en el país 570 nuevos aerogeneradores. Suman una potencia instalada de más de 2.900 megawatios (MW), es decir un 75% de los cerca de 3.900MW que ya hay en la actualidad.

La denuncia del BNG se basa en la sospecha de que la Xunta no está obligando a las empresas a cumplir los compromisos que adquirieron cuando sus proyectos fueron preseleccionados en el concurso eólico de 2010, por el que se planearon y repartieron las concesiones que se iban a desarrollar desde entonces en la comunidad.

El Ejecutivo, a cuya presidencia acababa de auparse Alberto Núñez Feijóo, había anulado la distribución ejecutada un año antes por el Gobierno bipartito del PSOE y el BNG. Feijóo convocó un nuevo concurso menos exigente pero en el que se valoraba y puntuaba que las empresas que se iban a beneficiar de las futuras concesiones acompañaran sus proyectos de planes industriales que garantizaran la reinversión de parte de los beneficios que iban a obtener en las comunidades donde preveían levantar y explotar molinos.

Así, por ejemplo, hubo firmas cuyos planes fueron valorados, puntuados y seleccionados porque se comprometieron a poner en marcha plantas de biomasa y de reciclaje de residuos, centrales geotérmicas y sistemas de recarga eléctrica para vehículos, o a rehabilitar embalses y explotaciones hidroeléctricas.

Según la norma de 2010, las empresas que obtuvieran en el concurso menos megavatios de los solicitados podían no ejecutar esos planes a cambio de "monetarizarlos" e indemnizar a la Administración gallega con una cantidad equivalente a la que dejaran de invertir.

El BNG sostiene que las compañías que vieron seleccionados sus anteproyectos en 2010 y a las que la Xunta ha refrendado desde entonces o está ahora aprobando sus nuevos parques ni han desarrollado los planes industriales prometidos ni los han monetarizado ni prevén hacerlo, ante la inacción y la aquiescencia del Gobierno gallego.

Naturgy, Galenova y Greenalia

Los nacionalistas ponen varios ejemplos, como el  Fenosa Wind, hoy en manos de Naturgy; y Eólica Galenova, propiedad de Honorato López Isla, ex consejero delegado de Unión Fenosa y consejero de Indra y quien se la adquirió a Abanca en 2015.

También citan a la compañía Greenalia, la compañía gallega que en el año 2016 compró Kaikias Eólica, beneficiaria del concurso de 2010 y que solicitó monetarizar los planes industriales que había acompañado en los proyectos de dos parques eólicos por 11,7 millones de euros. La Xunta aceptó que los nuevos propietarios no pagaran esa cantidad y dieron por buenas varias inversiones previas de Greenalia que nada tenían que ver con el proyecto industrial que había presentado Kaikias y que además se habían ejecutado antes de que la primera absorbiera a la segunda.

"Es una iregularidad manifiesta y un ejemplo de cómo está actuando la Xunta", asegura el diputado autonómico del BNG Luis Bará, quien recuerda que la exconselleira de Medio Ambiente de Feijóo Beatriz Mato es hoy directora de desarrollo estratégico de Greenalia, que la fichó sólo mes y medio después de que dejara la política incumpliendo la ley gallega de incompatibilidades. Esa norma pretende evitar las puertas giratorias y prohíbe durante dos años a los altos cargos trabajar en empresas del sector sobre las que hayan tomado decisiones, como Mato hizo con Greenalia en numerosas ocasiones.

El Bloque estima que las cantidades que deberían abonar en su conjunto ascienden a 1.600 millones de euros, es decir un 12,7% del total de los presupuestos de Galicia para 2023. "Lamentablemente, en San Caetano [la sede de la Xunta y donde está el despacho oficial de su presidente] no tenemos un Gobierno de Galicia sino una gestoría que trabaja para el lobby eléctrico", añade la líder del BNG.

Los nacionalistas pedirán una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia para esclarecer la situación y ante la "reiterada" negativa de la Xunta a facilitar a la Cámara la documentación que reclaman sobre el caso o a responder a las preguntas orales y escritas sobre el mismo.

Preguntado ayer por la acusación de Pontón, el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, no explicó si la Xunta ha perdonado y está perdonando o no a las eléctricas el dinero que debían pagar si no desarrollaban los planes prometidos, pero sí aseguró que el BNG "está en una posición extremista y negacionista", oponiéndose, según afirmó, a las energías renovables.

"Apuesta por las renovables"

"Tenemos una apuesta clara por el desarrollo de [energías] renovables garantizando en todo momento el equilibrio desde el punto de vista del impacto ambiental", añadió.

Lo cierto es que los tribunales han anulado en varias ocasiones el visto bueno de la Xunta a los nuevos parques eólicos, cuyo impacto sobre las vidas de las comunidades donde se instalan y sobre el patrimonio natural, cultural, histórico y paisajístico se ha disparado proporcionalmente al crecimiento de las dimensiones de los nuevos megageneradores.

A principios de este siglo, los molinos más grandes no pasaban de los treinta metros de altura, pero hoy superan los 150 y en algunos casos llegan a los 200 metros. Sus aspas pueden medir más de 60 metros y barrer una superficie aérea equivalente a dos campos de fútbol.