No es la primera vez que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ensalza la Ley de Amnistía, de 1977, vigente en la actualidad, que perdonó los crímenes a los responsables franquistas y sacó de las cárceles a los represaliados por la dictadura, militantes demócratas y antifranquistas. 

Este jueves en una entrevista en La Ser Bolaños ha repetido las palabras que pronunció el día anterior a raíz de la aprobación definitiva, en el Senado, de la Ley de Memoria Democrática: "Pasamos definitivamente página de la etapa más negra de nuestra historia, de la dictadura y de la guerra civil, y abrazamos y reivindicamos lo mejor de nuestra historia, a las personas que lucharon por la democracia, por la transición, por la Ley de Amnistía y por la Constitución". 

Estas loas a la una ley que impidió (e impide) que se puedan juzgar crímenes de lesa humanidad en España como fueron los perpetrados por la dictadura franquista chocan de lleno contra las exigencias de la comunidad internacional, empezando por la ONU y sus entidades, como el Comité contra la Tortura, que viene instando al Estado español desde hace más de una década a que derogue la Ley de Amnistía y acabe con la impunidad de los represores del franquismo. 

El ministro Félix Bolaños ya indicó a finales del año pasado que la nueva ley de memoria democrática no iba a derogar la Ley de Amnistía y que las dificultades para enjuiciar los crímenes del franquismo seguirían siendo las mismas. El ministro invocó entones la imposibilidad de retroactividad. "No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72".

Reproches desde 2006

En el año 2006 la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la primera gran condena internacional del régimen franquista. El organismo, en el que están representados 43 países, instó al Ejecutivo español a crear una comisión de investigación sobre los delitos del franquismo y presentar un informe al Consejo de Europa; a abrir los archivos civiles y militares a los historiadores, a abrir una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos y a erigir monumentos a las víctimas del franquismo. 

Diez años después, en 2016, ya con una ley de memoria histórica en España, el comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa volvió a sacarle los colores al Estado español, reprochando que la legislación dejara en manos de las familias los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos; y que su aplicación fuera deficiente debido a la "falta de presupuesto"; además desde el Consejo de Europa se alertaba de que España había hecho "muy poco" para "investigar" y sancionar a los responsables" debido, entre otros factores, "a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977".

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en 2012 que España está obligada a "derogar" la Ley de Amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos y a "investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos". 

Desde el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzosas se ha instado a España en numerosas ocasiones a investigar los crímenes de la dictadura. 

El anterior Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, instó en 2014 a España a dejar sin efecto la Ley de Amnistía ya que, en la práctica, "cumple las funciones de una ley de punto final". 

Su sucesor, el actual relator especial de la ONU para esta cuestión, Fabián Salvioli, habló bien claro en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2018. De manera meridiana, indicó que España está obligada, por el derecho internacional y por los convenios internacionales suscritos, a acabar con la impunidad del franquismo. "España tiene que derogar la Ley de Amnistía, investigar, juzgar y condenar a los responsables franquistas".

La ONU no se ha cansado de repetirlo: hay que derogar la Ley de Amnistía. También desde Amnistía Internacional se ha repetido numerosas veces esta petición. Pero los diferentes gobiernos españoles han hecho oídos sordos. El de Pedro Sánchez, además, pone como ejemplo la Ley de Amnistía entre las mejores cosas de la historia de España. "La Ley de Memoria Democrática hace más digna nuestra democracia, abraza lo mejor de nuestra historia reciente: la Transición, la Ley de Amnistía y la Constitución. Es una ley, sobre todo, de las víctimas", ha dicho este jueves el ministro Bolaños.

Sus palabras no han gustado a los militantes antifranquistas, que no se sienten identificados con el agradecimiento del ministro hacia las personas que lucharon por la democracia. "No luchamos en su día por la ley de amnistía que aprobaron finalmente, en la que 'amnistiaban' a los victimarios sin ser investigados, juzgados y condenados", indica Rosa García Alcón, presidenta de la asociación La Comuna - Asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista.

"Esa ley comparaba víctimas y victimarios --explica García Alcón--. No luchamos por una transición en la que se hizo borrón y cuenta nueva. No se depuró ninguna de las instituciones del régimen franquista ni a las fuerzas de orden público, ni jueces ni Ejército ni Administración. Y no luchamos por una Constituyente monárquica".