El juicio que desde el pasado 3 de noviembre se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por la venta irregular en 2013 de 1.860 viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid a Fidere, filial española del fondo buitre Blackstone, alcanzará este miércoles su clímax con la declaración como testigo de Ana Botella, exalcaldesa de Madrid.

Será la primera vez que Botella, máxima responsable política de aquella venta, hable abiertamente sobre este polémico asunto. Blindada y protegida desde el primer momento por el PP, hasta ahora la exalcaldesa de Madrid había evitado tener que pronunciarse al respecto. Es más, ese blindaje también se ha extendido al ámbito judicial y ha impedido que Botella se siente en el banquillo, para mayor frustración de los afectados por esta venta, que lamentan que la exalcaldesa no rinda cuentas ante la Justicia pese a que, según ellos, tuvo "bastante responsabilidad" en la operación.

Una operación que según reconoció en su momento el Tribunal de Cuentas causó un perjuicio a las arcas del Ayuntamiento de Madrid de 22,5 millones pues las 1.860 viviendas sociales, las 1.797 plazas de garaje y los 1.569 trasteros se vendieron en plena crisis económica por 128,5 millones de euros cuando su valor de mercado alcanzaba los 151 millones. En su día, Botella despachó esa venta irregular con una de sus ocurrencias: "Sólo es un cambio de casero".

Años después, concretamente en 2016, fue una denuncia del equipo de Manuela Carmena, la sucesora al frente del Ayuntamiento de Madrid, la que puso a Botella y a sus colaboradores en la rampa judicial por este caso. De hecho, en diciembre de 2018 el Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a otros siete cargos de su equipo de gobierno a pagar esos 22,5 millones de euros por el quebranto causado a las arcas municipales. Una decisión celebrada por los afectados que ponía de manifiesto la responsabilidad judicial de Botella.

Sin embargo, a partir de entonces todo fueron reveses judiciales para los afectados y buenas noticias para Botella. En julio de 2019, la Sala de Enjuiciamiento del propio Tribunal de Cuentas revocó la primera condena a Botella y sus colaboradores con los votos de dos consejeros nombrados por el PP (una de ellas, Margarita Mariscal de Gante exministra de Justicia con José María Aznar, esposo de Botella). Contra aquella decisión cabía interponer recurso, pero ya había llegado José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde del PP, al Ayuntamiento de Madrid y éste decidió mirar a otra parte.

Pese a ello, una concejal del PSOE, Mercedes González, actualmente delegada del Gobierno en Madrid, se personó ante el Tribunal de Cuentas para reclamarle que la legitimase para ejercer la acción sustitutoria (ya que el Ayuntamiento no iba a recurrir), para después presentar recurso ante el Tribunal Supremo "como vecina de Madrid", en base al artículo 68 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. La concejala del PSOE logró presentar el recurso ante el Supremo, pero en junio de 2020 llegó la decisión definitiva: el Supremo absolvió a Botella. Ahí se esfumó la última posibilidad de que la antigua regidora de la capital se sentase en el banquillo. 

Para los afectados por la venta de estas viviendas sociales fue un varapalo que Botella esquivara a la maquinaria judicial, pero al menos tendrán un pequeño consuelo viéndola declarar.

La exalcaldesa de Madrid tendrá que explicar por qué el 20 de junio el 20 de junio de 2013 el Ayuntamiento de Madrid aprobó en Junta de Gobierno, presidida entonces por ella, la venta de 1860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone-Magic Real Estate, tras haber valorado otras cuatro ofertas. Botella también tendrá que aclarar si el Consistorio facilitó información privilegiada a las cuatro empresas concursantes sobre las condiciones de la venta. Será un mal trago para Botella, a la que esta venta de las viviendas sociales dejó marcada para siempre su carrera política.