El informe de la reforma del aborto crea problemas en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por ahora, no hay acuerdo entre las dos ponentes encargadas de llevar una propuesta al Pleno, previsto para el 24 de abril.

La vocal progresista Pilar Sepúlveda tiene listo su texto desde hace ya varias semanas, mientras que la vocal conservadora Carmen Llombart también tiene ultimadas sus notas. Sin embargo, no hay acuerdo entre ellas y algunas fuentes refieren que ha habido un conflicto entre ambas vocales. La primera es muy crítica con la reforma del ministerio de Justicia, mientras que la segunda es más conciliadora con las posiciones gubernamentales.

Esta división de opiniones ha provocado que la  Comisión Permanente haya solicitado hoy una tercera prórroga, de 30 días, para emitir su informe sobre el anteproyecto que reforma la ley del aborto. Las fuentes del órgano de gobierno refieren dicha necesidad de prórroga dada la importancia y dificultad de la materia. Sin embargo, la discrepancia sobre la reforma entre ambas ponentes aparenta ser la clave de esta solicitud.

La Comisión Permanente tomó esta decisión en una reunión que ha sido presidida por el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, al encontrarse el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en Chile para participar en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

El artículo 591 de la Ley Orgánica del Poder Judicial habilita al vicepresidente a sustituir al presidente del Supremo y del Consejo en supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo.

La Comisión solicitó el pasado 6 de marzo al Ministerio de Justicia una prórroga de 30 días para elaborar el informe, tras haber solicitado antes 15 días más a contar desde el pasado 17 de febrero para redactarlo. El Consejo Fiscal demandó también más tiempo para dar su opinión.

Para la elaboración de este informe se designó a las ponentes Pilar Sepúlveda y Carmen Llombart, que podrían elaborar un informe conjunto o bien presentar cada una su propuesta para que sea aprobada por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces.

La primera de las posibilidades parece la más improbable, y más si se tiene en cuenta el contenido de un borrador del texto que prepara Sepúlveda, del que se conoció los duros términos que empleaba contra la reforma del ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

En dicho borrador se instaba la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, entre otros motivos, porque 'da una respuesta anacrónica criminalizadora' a la realidad de la interrupción del embarazo.

Se señalaba también que el anteproyecto 'desconoce la evolución de la sociedad española al optar por dar una respuesta anacrónica criminalizadora y se encuentra anclado en una interpretación estática de la jurisprudencia constitucional sobre la base de lo sostenido en su día por el Tribunal Constitucional, pero sin advertir el carácter limitado de la misma'.

Justicia informó entonces de que ya había recibido la mitad de los informes solicitados sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada.

El Ministerio requirió los dictámenes entre el 10 y el 15 de enero a órganos como los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, la Agencia de Protección de Datos o las comunidades autónomas.

Una vez reciba todos ellos, remitirá el texto, que podrá incluir sugerencias de los distintos órganos, al Consejo de Estado, y cuando este de su dictamen, lo someterá a la aprobación del Consejo de Ministros para su remisión al Parlamento.