Un calendario diseñado por Irene Montero para la comisión presidida por Carmen Calvo: la nueva fase de la ley trans

Llegó el día del cierre del plazo de enmiendas a la ley trans en el Congreso después de varias ampliaciones a propuesta del PSOE. La promesa de los socialistas de no tocar la autodeterminación de género parecía calmar el debate en torno a la norma, pero no dentro del PSOE, donde voces críticas a reconocer el derecho a la libre determinación de género, como la de la exvicepresidenta Carmen Calvo, auguraban una tensa batalla.

El pasado lunes, dos días antes del fin del plazo de enmiendas, el PSOE registró por fin sus correcciones al texto impulsado por el Ministerio de Igualdad. Finalmente, sí hubo una modificación en la pieza troncal de la norma, pues los socialistas plantearon que los menores de 16 años y mayores de 12 necesiten una autorización judicial para cambiar su sexo registral. Este cambio ha vuelto a poner en pie de guerra al colectivo, que ha convocado una nueva manifestación, y ha despertado nuevamente las críticas desde el Ministerio de Igualdad.

Y es que, con esta modificación, el PSOE "incumple su compromiso de no tocar el corazón de la ley trans" pactada en junio de 2021 entre la entonces exvicepresidenta Carmen Calvo y la titular de Igualdad, Irene Montero, referido a la libre determinación de la identidad de género, tanto para mayores de 18 años como para los niños y niñas trans.

Así se lo ha hecho saber la propia Montero, quien ha exigido este miércoles a sus socios que retiren dichas enmiendas. "Nos vamos a dejar la piel para dejar la ley como está, para que esas infancias trans puedan ver reconocidos sus derechos, tal y como nos mandata el Tribunal Constitucional", ha prometido la ministra.

Un calendario ajustado

Lejos de destensarse la cuerda con el fin del plazo de enmiendas, estos acontecimientos auguran la continuidad de las pulsiones entre el PSOE y el resto de formaciones partidarias de reconocer la autodeterminación de género de las personas trans, en consonancia con los colectivos, como son Unidas Podemos, ERC, PNV, EH-Bildu, Junts, BNG, PdeCAT, Más País, Compromís y Coalición Canaria.

Las negociaciones entre los grupos cambian de terreno de juego. La pelota está ahora en el tejado de la Comisión de Igualdad, presidida precisamente por Carmen Calvo, una posición que le obligará a adoptar un papel institucional alejado de su postura frontal con la ley trans. 

Pese a este gran escollo que aleja la posibilidad de un acuerdo a corto plazo, hay otro factor que juega en contra: el calendario diseñado por Irene Montero para cumplir con la previsión de que la ley esté lista en el Congreso, "sin retrocesos en derechos", antes de que acabe el año. Y es que, ante la demora "incomprensible" de la ley trans, Montero propuso a los grupos parlamentarios que la ponencia del órgano presidido por Calvo, encargado de dar forma al proyecto legislativo, acabe el 18 de noviembre.

Frente común de los socios del PSOE

Por otro lado, todas las fuerzas políticas citadas anteriormente al margen del PSOE han registrado conjuntamente hasta once enmiendas de la mano del colectivo trans con el fin de incluir en el texto nuevos derechos para las personas no binarias (aquellas que no se identifican ni con el sexo masculino ni con el femenino), y las intersexuales (las que nacen con genitales que impiden delimitar el sexo).

Estos grupos reclaman que se omita, a petición de la persona interesada, la mención relativa al sexo en sus documentos oficiales. Por otro lado, subrayan el derecho a que los menores sean tratados en su centro educativo con el sexo o género con el que se identifican una vez que hayan cambiado de nombre en el registro.

En este sentido, más allá de las competencias autonómicas sobre los tratamientos hormonales y quirúrgicos para las personas trans, estos partidos piden que la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud vele por que los procesos de transición estén cubiertos en la cartera básica de servicios.