La cara más amarga del 'procés': piden 18 años como mínimo para un joven ciberactivista catalán

Joel Muñoz (1998) sigue esperando juicio. La Fiscalía pide para él hasta 18 años de cárcel por daños informáticos y revelación de secretos. Fue detenido el 28 de febrero de 2018 en su propia casa por la Guardia Civil y el CNI. Además, ha tenido que pagar una multa de 1.000 euros por "atentado contra la autoridad" en 2020. Por si fuera poco, acumula un tercer proceso judicial contra él del que aún no puede hablar. Joel es la otra cara del fallido proceso independentista en Catalunya, la más amarga.

"Tengo dos procesos abiertos, una que es la de 2018 por daños informáticos y revelación de secretos, en el que la Fiscalía pide para mi 18 años de cárcel y 10.000 euros de multa", confirma Joel Muñoz a Público, y añade: "Hay otra causa abierta de la que aún no puedo hablar".

La instrucción del primer caso continúa y no hay fecha para el juicio, casi cuatro años más tarde de su detención en el marco de la operación Green Hat que llevó a cabo a principios de 2018 el Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Entonces, el Gobierno explicaba que los ataques eran lo que se conoce como web defacement (o ataques a sitios web que cambian la apariencia visual del sitio) "mediante la explotación de vulnerabilidades conocidas", así como el acceso y publicación parcial de los datos personales contenidos en las bases de datos de algunos sitios web públicos y de empresas.

La UCO destacaba hace cuatro años años que el acusado "realizaba una modificación de la parte pública de la página web, incluyendo su firma (@AnonXeljomudoX) e imágenes con logotipos y lemas relacionados con el movimiento Anonymous".

Parte del resultado de la 'ciberprotesta' fue publicada en la cuenta de Twitter del procesado el día 21 de diciembre de 2017, día de las elecciones catalanas forzadas por la aplicación del artículo 155 de la Constitución como respuesta a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.

Varios medios como El Salto Diario o El Diari Ara han ido desgranando la historia de Joel Muñoz a lo largo de los últimos meses. Precisamente el diario Ara aporta un contexto clave que ayuda a entender la dimensión del caso: sólo Oriol Junqueras recibió una petición más alta de prisión, 25 años. Para el resto de líderes independentistas la Fiscalía pidió menos que para Muñoz: 17 años para Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, y 16 para los ex consellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.

El calvario judicial de este joven ciberactivista recuerda de alguna forma a otros como el del 'hacker del Toro de la Vega', el primer caso que hubo en España en el que se intentó aplicar el delito de daños informáticos incluido en el Código Penal en 2015. En este último caso, resulto absuelto tras dos años y medio de proceso.

Otros casos de 'ciberataques' han terminado en absolución tras interminables procesos, algunos plagados de irregularidades. Como el de los acusados por de ser la "cúpula" de Anonymous durante el 15M y absueltos en 2016 tras cinco años de instrucción (y un monumental ridículo policial); o el del caso de revelación de secretos de otros supuestos miembros de Anonymous -movimiento difuso que es una verdadera obsesión para las Fuerzas de Seguridad del Estado- , uno de cuales contaba a este diario en 2018 la detención "de sainete" que sufrió en 2012 para resultar absuelto seis años después.

Joel Muñoz no ha recibido asistencia alguna desde el ámbito de la política independentista. "No la esperaba ni quería ayuda de ningún partido político, pero imaginaba que harían alguna acción de ayuda", afirma el informático, que señala el "contraste" entre el apoyo recibido por Solá y Junqueras (por la cuantía de sus penas) y el resto de independentistas.

"He recibido apoyo de cierta gente y de algunos colectivos anarquistas"

"He recibido apoyo de cierta gente y de algunos colectivos anarquistas", señala. Por ejemplo para pagar los 1.000 euros de multa por atentado contra la autoridad en 2020 -pese a que al menos una testigo aseguró que tal ataque a los agentes de policía no tuvo lugar- mientras estaba repartiendo pegatinas y hojas informativas a pie de calle en Barcelona.

Si bien los políticos y las caras más visibles del proceso soberanista en Catalunya han recibido indultos por los delitos cometidos en el 1-O, otras miles de personas anónimas se encuentran atrapadas en procesos judiciales sin apoyo por parte de los partidos o las principales asociaciones.

No existe una cifra clara de personas detenidos y procesadas por los sucesos del 'procés'; algunas organizaciones creen que hay entre 3.000 y 3.300 personas en esa situación, mientras que otras elevan a casi 5.000 porque incluyen también a figuras como Julian Assange, a favor del referéndum de independencia de 1-O y luego expulsado por la embajada de Ecuador en Londres, lo que condujo a su extradición a EEUU.

En cualquier caso, la represión al independentismo aún afecta a miles de ciudadanos y, además de las propias movilizaciones por el 1-O, abarca las protestas contra la sentencia condenatoria a los líderes del 'procés', los casos contra miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), el caso Volhov, en que se detuvo provisionalmente y se encausó a diversos empresarios y personalidades ligadas al independentismo, la persecución al llamado Tsunami Democràtic o la causa contra los escoltas de Puigdemont.