MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha pedido este viernes que antes de tomar algún tipo de medida hay que esperar a la actuación del juez Pedraz sobre el concejal Guillermo Zapata porque entiende que su imputación "no es formal" ya que, de momento, sólo le ha llamado a declarar como imputado pero no le ha atribuido unos cargos en concreto.

Así se ha expresado Carmena, preguntada por la prensa sobre este tema, tras reunirse con la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. En este sentido, ha citado el caso de los ERES de Andalucía, en referencia al hecho de que hasta que el juez no ha imputado formalmente unos delitos no han dimitido los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La primer edil considera que lo he ha hecho Pedraz es que, como marca la ley, vaya a declarar el 7 de julio en calidad de imputado. "Ahora se le oye como denunciado, pero la imputación es cuando hay una causa que se le puede atribuir a una persona. La imputación no se produce hasta el momento en el que el juez se debe dirigir esa imputación de hechos. Cuando existe una estructura de hechos es cuando debe dirigirse a esa persona", ha argumentado.

La exmagistrada ha reconocido que ha hablado con Guillermo Zapata y le ha dicho "lo que todos sabemos, que tendrá que acudir ese día para que pueda argumentar lo que considere". Requerida en la rueda de prensa Concepción Dancausa sobre este mismo asunto, sólo ha dicho que confía "plenamente en la Justicia" y que siempre hay que acatar las resoluciones judiciales.

Por otro lado, Carmena ha señalado que "en líneas generales" no considera necesario que los policías municipales estén presentes en casos de desahucio. Carmena ha argumentado que, en primer lugar, el objetivo del gobierno municipal es que no haya desahucios, para lo cual se ha habilitado una oficina de mediación, y que, en el caso de que se produzcan, trabajarán para que exista una alternativa de vivienda social para los afectados.

Carmena ha abogado por que, dentro de una línea de seguridad, exista un uso de la Policía "proporcionado" que pueda permitir que se cumpla la decisión "con el menor coste" de lesión, alarma y disgusto social.