La sección séptima de la Audiencia de Alicante con sede en Elche ha declarado nulas parte de las escuchas practicadas a lo largo de 2008 sobre, entre otros, los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregory y que dieron origen al caso Brugal, así como de las prórrogas dictadas. Asimismo, se declaran nulas las diligencias directas o indirectas que se derivaron.

La Audiencia responde así a las cuestiones previas solicitadas por las defensas en el inicio de la pieza separada de Brugal por las supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de basuras de Orihuela, y por la que Ángel Fenoll se enfrenta a 37 años de prisión, mientras que para los exalcaldes populares, José Manuel Medina y Mónica Lorente, la Fiscalía solicita 12 y 8 años respectivamente. En ese sentido, la Audiencia expone la nulidad de las escuchas de 2008 sobre Fenoll y su hijo, Antonio Ángel Fenoll, en que son resoluciones que "no están motivadas".

Por su parte, para las intervenciones telefónicas del empresario Rafael Gregory señala la Audiencia, para mayo de 2008, que "no consta, sin embargo, relación con los hechos en la resolución, y tan es así que la endeblez de la adopción de esta medida se ve corroborada por su cese". El auto, por contra, desestima las cuestiones previas, planteadas por algunos de los 34 encausados, relativas a la prescripción de las actuaciones, de falta de competencia, de nulidad radical de la actuaciones, del secreto de las actuaciones y del derecho de defensa.

Las defensas pidieron la nulidad de los autos judiciales que avalaron las intervenciones telefónicas durante la instrucción de la causa, por "vulneración de derechos", "desproporcionalidad" y por no respetar los "derechos constitucionales". "El fin no justifica los medios, este procedimiento es nulo", manifestó la defensa del empresario que repitió varias veces la afirmación sobre que no había "nada que investigar, nada que comprobar, nada que fuera susceptibles de una escucha telefónica".

Frente a ello, el ministerio fiscal defendió las escuchas que originaron el caso Brugal y defendió que la instrucción ha sido "escrupulosa, legal y garantista". Esta causa es la primera de las piezas separadas del caso Brugal que está siendo juzgada. La Fiscalía solicita penas de 37 años para el empresario adjudicatario del servicio, Ángel Fenoll; 12 años para el exalcalde popular José Manuel Media y ocho para la exprimera edil, también del Partido Popular, Mónica Lorente. Las declaraciones de los procesados no empezarán hasta el 7 de mayo.