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Caso de corrupción Púnica El juez imputa a Cifuentes el amaño de contratos en favor del empresario Arturo Fernández, quien donó 160.000 euros al PP

El ex presidente de la patronal madrileña recibió los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013. Cifuentes presidió las mesas de contratación y votó a favor de un informe elaborado por ella misma. Presidía también la fundación Fundescam, donde se canalizaron las donaciones del empresario.

Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso se saludan en la plaza de toros de Las Ventas. (EFE)

PÚBLICO/ efe

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, estrecha el cerco a la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que imputa los amaños de contratos en favor del empresario Arturo Fernández, del Grupo Cantoblanco, a cambio de sus aportaciones a las arcas del PP de Madrid.

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional sostiene que uno de los métodos utilizados por el PP madrileño para obtener financiación irregular fue el uso de la Fundación Fundescam para canalizar las donaciones que realizaron determinados empresarios y la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).

Arturo Fernández habría realizado dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en el que Cifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del comité regional de campaña del PP, para costear "de manera encubierta gastos electorales".

El juez, como hizo en su momento la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cree que esas donaciones se gratificaron posteriormente mediante la adjudicación desde la Asamblea de Madrid a sus empresas del Grupo Cantoblanco de contratos de restauración en los años 2009, 2011 y 2013.

En el año 2009 y 2011, expone el magistrado en su auto, hay evidencias de "conciertos dirigidos a beneficiar" a Arturo Fernández "amañando la adjudicación" de esos contratos.

Para el primero de ellos, se estableció un sistema "ilógico" de valoración, según el cual los criterios subjetivos pesaban más que los objetivos.

De ese modo, fue necesario crear un comité de expertos que integraron la propia Cifuentes, que era vicepresidenta de la Asamblea; la entonces jefa de los servicios jurídicos y también investigada, Tatiana Recoder; y la jefa de Protocolo, María Virtudes Merino.

Ninguna tenía experiencia en la valoración de criterios para adjudicar un servicio de restauración, pero, además, a las dos primeras no les importó que su participación en el comité "conculcase la legalidad vigente".

Cifuentes presidía la mesa de contratación y Recader había hecho un informe jurídico sobre los pliegos, que lo avalaba pese a estar "cargado de irregularidades", sin denunciar ninguna de ellas.

Es decir, Cifuentes, como presidenta de la mesa de contratación, votó a favor de un informe técnico que ella misma había emitido, lo que contraviene la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Dos años después, el supuesto cabecilla de la Púnica, Francisco Granados, y el gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, junto a otros cargos del PP, incluida Cifuentes, utilizaron el mismo método y estrategia para volver a adjudicar el contrato al mismo empresario.

Los criterios subjetivos valían hasta 80 puntos en la valoración; los objetivos, solo valían 20 puntos.

También en 2011 Cifuentes formó parte del comité de expertos y presidió la mesa de contratación de la Asamblea, de nuevo formada por personas sin experiencia en la labor. 

Arturo Fernández eran entonces vicepresidente de la patronal madrileña y luego fue elegido presidente (2007-2014). También presidió la Cámara de Comercio de Madrid.

El empresario está imputado también en esta pieza del caso Púnica sobre la financiación del PP. Fue condenado por el Tribunal Supremo a seis meses de prisión por apropiación indebida tras gastar 38.777 euros con la tarjeta black -opaca a Hacienda- que repartió CajaMadrid entre sus cargos y directivos.

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